Estado de excepción y conflicto social
El 6 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en diez provincias del país, en el marco de las protestas indígenas Ecuador. Esta medida restringió el derecho a reunirse libremente y respondió al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que rechazó el alza del diésel y otras medidas económicas impuestas sin consulta. Más allá de una reacción puntual, la situación evidencia una fractura profunda: un Estado que responde con fuerza militar, en lugar de dialogar con los pueblos originarios, que representan cerca del 45% de la población.
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CONAIE y su propuesta de Estado Plurinacional
Desde 1994, la CONAIE ha defendido una transformación de fondo en la estructura estatal. Su propuesta de un Estado Plurinacional no es solo un ideal simbólico, sino un proyecto político concreto que busca reemplazar el modelo centralista, excluyente y neoliberal del Estado Uninacional. Esta visión aboga por el reconocimiento de la autonomía y la diversidad de los pueblos indígenas, así como por la implementación de herramientas constitucionales que garanticen sus derechos. El modelo económico que proponen se basa en el Buen Vivir (Sumak Kawsay), como alternativa al extractivismo y a la dependencia de organismos financieros internacionales. Frente a un gobierno que responde con represión, la CONAIE plantea un país distinto, más justo y participativo.
Criminalización del disenso y crisis de representación
La represión de las movilizaciones indígenas y la suspensión de derechos no son hechos aislados ni nuevos. Constituyen una estrategia repetida que ha marcado cada levantamiento: en 2019, 2022 y nuevamente en 2025, la respuesta estatal incluyó uso excesivo de la fuerza, arrestos sin fundamento, censura en medios y una retórica que desacredita a los líderes sociales. Esta conducta evidencia una clase dirigente que ignora a gran parte de la ciudadanía. En lugar de representar a todos, los gobiernos han actuado en defensa de intereses empresariales, militares y financieros. Así, consolidan un sistema donde las decisiones permanecen en manos de unos pocos.
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Medios de comunicación y la disputa del relato
Los medios tradicionales, alineados con el discurso oficial, han contribuido a deslegitimar las demandas indígenas. Presentan las protestas como actos de violencia o intentos de desestabilización. Frente a esto, la CONAIE y otros actores sociales articulan una narrativa alternativa en redes sociales. Visibilizan abusos y comunican sus propuestas. Esta batalla por el relato importa: mientras el Estado se proclama garante del orden, los pueblos originarios denuncian una ofensiva sistemática contra su existencia. La censura digital y la propaganda institucional ensanchan la distancia entre una dirigencia encerrada en sí misma y una sociedad que exige ser oída.
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Plurinacionalidad como solución a la crisis sistémica
Las protestas no responden solo a decisiones económicas impopulares. Reflejan un modelo de desarrollo agotado y una representación política que excluye. Frente a esta realidad, la CONAIE propone un camino distinto: un Estado Plurinacional basado en democracia comunitaria, justicia social y respeto ambiental. Su propuesta incluye reforma agraria profunda, respeto a la consulta previa, reconocimiento de derechos colectivos y construcción de sistemas públicos de salud y educación con enfoque intercultural. En un país donde millones son ignorados, esta alternativa resulta no solo válida, sino indispensable. La verdadera élite no está en las calles, sino tras las puertas del poder, aferrada a un modelo que ya no representa a todos los ecuatorianos.
Sumak Kawsay: una visión alternativa de desarrollo
En un país marcado por siglos de explotación y desigualdad, el Sumak Kawsay se presenta como una propuesta urgente. No es una simple consigna, sino una invitación profunda a reconectarse con la naturaleza, la comunidad y la dignidad humana. Sus principios —reciprocidad, armonía y justicia entre generaciones— ofrecen una guía concreta para construir un Ecuador donde el bienestar sea un derecho compartido. Un país que valore lo colectivo, respete los ritmos de la vida y priorice la felicidad común por encima del beneficio individual.
