En el complejo entramado de la política ecuatoriana, la práctica del “diezmo” ha emergido como un símbolo omnipresente de la corrupción. Esta práctica consiste en exigir una cuota mensual a los empleados públicos a cambio de sus puestos de trabajo. La reciente imputación de la vicepresidenta Verónica Abad ha reavivado el debate sobre esta problemática, poniendo de manifiesto una vez más la corrupción que permea diversas esferas del sector público en Ecuador.
Verónica Abad y la Sombra del Diezmo
Verónica Abad, actual vicepresidenta de Ecuador, ha sido imputada por concusión, un delito en el que un funcionario actúa en beneficio propio. La acusación ha resurgido viejas polémicas sobre el diezmo, una práctica que no es nueva en el país. Esta situación se asemeja al caso de María Alejandra Vicuña, quien en 2020 fue denunciada por exigir el 10% del salario de sus empleados para financiar su movimiento político.
Un Mal que se Extiende Más Allá de la Política
En Ecuador se comenta que,la corrupción del diezmo no se limita únicamente al ámbito político. Médicos, policías, fiscales y hasta trabajadores de hospitales públicos se ven obligados a pagar cuotas para ser contratados. Esta práctica se extiende también a las pandillas, que exigen pagos a los negocios en los barrios que controlan, consolidando así una cultura de extorsión y corrupción que afecta a toda la sociedad ecuatoriana.
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Casos Emblemáticos y la Justicia Ecuadoriana
La historia de concusión en Ecuador está plagada de casos emblemáticos. María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta, fue denunciada por Álex Sagbay, quien presentó pruebas de las transferencias mensuales que realizaba a la cuenta personal de Vicuña. Aunque Vicuña negó las acusaciones, fue sentenciada a un año de prisión y al pago de una indemnización.
Otro caso notable es el de Karina Arteaga, legisladora que exigió pagos en efectivo a sus trabajadores para cubrir gastos personales, acumulando más de 45,000 dólares. Arteaga fue condenada a seis años de prisión, pero logró evitar la cárcel. Norma Vallejo, primera funcionaria de la Asamblea sentenciada por concusión, también logró evadir la prisión pese a las pruebas de haber exigido aportes para cubrir deudas personales y gastos de su despacho.
Un Sistema Judicial en Crisis
La desconfianza en la justicia ecuatoriana se refleja en las estadísticas. Desde 2018, se han registrado 265 denuncias por concusión, pero solo el 7% ha tenido una resolución, según el Consejo de la Judicatura. La mayoría de los casos han sido sobreseídos, abandonados o extinguidos, lo que evidencia una profunda crisis en el sistema judicial y un patrón de impunidad que permite la perpetuación del diezmo.
La Perspectiva Futura para Verónica Abad
Aunque la Asamblea decidió no autorizar el enjuiciamiento penal de Verónica Abad, la Fiscalía ha adelantado que cuando la vicepresidenta ya no goce de inmunidad, será llevada a los tribunales. Por ahora, el caso se ha complicado aún más debido a que su hijo, Sebastián Barreiro Abad, y un asesor identificado como Daniel R., no son funcionarios públicos, lo que podría dificultar la imputación directa a la vicepresidenta.
Conclusión: Un Llamado a la Transparencia
El diezmo es una práctica que pudre las bases del sector público en Ecuador, afectando no solo a la política sino también a otras instituciones clave. La imputación de Verónica Abad y otros casos similares subrayan la urgente necesidad de reformas profundas y un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para asegurar un futuro más justo y equitativo para todos los ecuatorianos.
La corrupción del diezmo es un reflejo de un sistema que necesita urgentemente ser depurado. La sociedad ecuatoriana merece una administración pública que sirva al interés común y no a los intereses personales de unos pocos.
