se alinea con la ultraderecha
La Unión Europea está intensificando su postura contra la inmigración, adoptando medidas cada vez más restrictivas que recuerdan las políticas de la extrema derecha. Muros, controles fronterizos más severos, centros de deportación fuera del continente y acuerdos con regímenes autoritarios son algunas de las estrategias que los Estados miembros están implementando en un intento de frenar la llegada de migrantes. Esta tendencia refleja el crecimiento de la ultraderecha en Europa y una transformación de las políticas migratorias del bloque comunitario.
Alemania y la radicalización del debate migratorio
El último giro en esta dirección lo ha protagonizado Alemania. La Unión Cristianodemócrata (CDU), liderada por Friedrich Merz y que podría encabezar el próximo gobierno tras las elecciones del 23 de febrero, ha impulsado junto con la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) una moción no vinculante para rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras terrestres. Si esta medida se aplicara, supondría un cierre efectivo a los migrantes que buscan refugio en el país.
Controles reforzados en el espacio Schengen
El gobierno actual, liderado por los socialdemócratas, ya había tomado medidas en esta línea, con controles reforzados en el espacio Schengen, limitando así la libertad de circulación en Europa. En Italia, la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni ha impulsado centros de expulsión en Albania, mientras que Polonia y Lituania han erigido muros para bloquear el paso de migrantes provenientes de Bielorrusia y Rusia.
La UE sigue la línea de Trump en EE.UU.
Bruselas parece estar siguiendo el ejemplo de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, quien ha endurecido las deportaciones de migrantes irregulares. En una medida particularmente polémica, el republicano anunció el traslado de 30.000 personas a Guantánamo. Mientras tanto, la Comisión Europea evita pronunciarse abiertamente sobre la moción en Alemania, evidenciando una tibieza que contrasta con su actitud de hace unos años, cuando la deportación forzosa de gitanos en Francia fue duramente criticada.
¿El fin del derecho de asilo en Europa?
El giro en las políticas migratorias de la UE no es reciente. Desde la crisis de 2021 con Bielorrusia, cuando se denunció que el régimen de Aleksander Lukashenko y Rusia estaban instrumentalizando a los migrantes, Bruselas ha legitimado devoluciones en caliente y la suspensión del derecho de asilo en países como Polonia y Finlandia. Además, una nueva directiva permite sancionar penalmente a quienes ayuden a migrantes a entrar a la UE por razones humanitarias.
No obstante, a pesar de estas restricciones, la UE no ha logrado aumentar significativamente las deportaciones de migrantes sin estatus de refugiado. Esta paradoja refleja las tensiones entre las necesidades económicas de los países europeos y sus políticas antiinmigración. En Italia, por ejemplo, a pesar del discurso de línea dura, el número de migrantes admitidos por razones laborales ha crecido exponencialmente en la última década.
Schengen en riesgo
El endurecimiento de las políticas migratorias también pone en peligro la libre circulación dentro de la UE. Los cierres y controles fronterizos en Alemania, Francia, Italia y otros países están minando uno de los principios fundamentales del bloque. Matteo Villa, investigador del Instituto de Estudios de Política Internacional, advierte que los gobiernos europeos deben elegir entre preservar la libre circulación o restaurar fronteras nacionales, con el riesgo de dejar solos a los países del sur de Europa en la gestión de futuras crisis migratorias.
Un futuro incierto
Bruselas planea presentar en marzo una reforma de la directiva sobre retornos para acelerar las deportaciones y explorar nuevos pactos migratorios con países como Senegal. Sin embargo, el ascenso de líderes como Merz en Alemania sugiere que la línea dura continuará imponiéndose en la política migratoria europea. Con cada nueva medida, la UE se aleja más del espíritu humanitario que una vez la definió y se acerca a un modelo de exclusión que prioriza el control sobre la integración.
