Por Mg. Mariana Uria
La Argentina enfrenta un continuo saqueo de sus recursos naturales a través de delitos ambientales organizados. La pesca ilegal, la minería depredadora, los incendios forestales de bosques nativos, entre otros, durante el año 2024 están destruyendo ecosistemas vitales. La falta de controles efectivos y la permisividad de los políticos fomentan la impunidad. Este modelo extractivista, refleja un fracaso del Estado para proteger los bienes comunes y los derechos humanos.
Incendios en Córdoba
Córdoba fue escenario de múltiples incendios forestales. Las áreas más afectadas fueron las Sierras Chicas, Punilla y Calamuchita, entre otras. En tal ocasión los incendios fueron provocados en su mayoría por la actividad humana. La expansión de la frontera agropecuaria y la especulación inmobiliaria son dos causas principales detrás de estos incendios.
Se quemaron más de 47.000 hectáreas de bosque nativo, lo que causó la muerte de miles de animales y destruyó viviendas y medios de vida en las zonas afectada. Por su parte el gobierno provincial de Córdoba declaró la emergencia ambiental en la zona, destinando $250 millones para la remediación y restauración de bosques. Además, se movilizaron más de 150 bomberos y recursos como aviones hidrantes. Sin embargo, la ejecución del presupuesto destinado al manejo del fuego ha sido crítica: para septiembre de 2024, de $14,000 millones asignados a nivel nacional, solo se habían ejecutado $5,500 millones.
Minería del litio en los salares de Jujuy
La minería de litio se concentra principalmente en los salares de Olaroz, Cauchari y Hombre Muerto, en las provincias de Jujuy y Catamarca. Estos proyectos se han intensificado desde 2010 con la creciente demanda mundial de litio para baterías de autos eléctricos y dispositivos electrónicos.
La extracción de litio requiere millones de litros de agua, lo que está afectando gravemente el equilibrio hídrico de los salares y los ecosistemas circundantes. Las comunidades locales, muchas de ellas campesinas e indígenas, que dependen de las aguas subterráneas para el cultivo y la ganadería, han denunciado la desecación de humedales y el deterioro de las fuentes de agua.
El caso jujeño, el gobierno ha apoyado los proyectos de litio, argumentando que generan ingresos fiscales y empleo local. En 2022, Jujuy se convirtió en la segunda provincia exportadora de litio de Argentina. No obstante, las comunidades indígenas no fueron consultadas adecuadamente, lo que llevó a la presentación de denuncias ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estos ejemplos destacan los desafíos que enfrenta Argentina en cuanto a la preservación de sus recursos naturales y la limitada respuesta gubernamental frente a la crisis ambiental.
La Reducción de Fondos para el Ambiente
El presupuesto nacional 2025, presentado por el gobierno, reduce las capacidades del ya debilitado sistema ambiental. La conversión del Ministerio de Ambiente en una subsecretaría y la disminución de hasta el 25% en las partidas para protección ambiental son alarmantes. Esto incluye una subejecución presupuestaria del manejo del fuego, dejando sin respuesta efectiva a incendios devastadores, como los ocurridos en Córdoba. El impacto es claro: menos recursos, menos control, más vulnerabilidad.
Emergencia Climática
La falta de inversión en políticas de conservación agrava la crisis climática. Los incendios, la falta de sustentabilidad de las explotaciones mineras, exacerbados por la sequía y el calentamiento global, devastan ecosistemas y afectan a miles de personas. Sin embargo, la respuesta gubernamental se limita a medidas paliativas, ignorando la necesidad urgente de estrategias preventivas y de restauración. La baja ejecución de fondos destinados a la Ley de Bosques y el manejo del fuego es un claro reflejo de la falta de compromiso real.
La Necesidad de Reformas Urgentes
A pesar de los proyectos de ley que buscan tipificar los delitos ambientales en el Código Penal, estos han sido relegados. Mientras no se tomen acciones concretas, los crímenes ambientales seguirán impunes. La urgencia de proteger la biodiversidad argentina y garantizar el bienestar de las comunidades afectadas por la devastación ambiental requiere una combinación de acciones políticas, normativas, económicas y sociales.
Para revertir esta situación, es crucial implementar soluciones integrales que combinen normativas sólidas, financiamiento adecuado, incentivos económicos verdes, fortalecimiento de la gobernanza ambiental, participación ciudadana, educación y comunicación ambiental, fomento de la justicia ambiental, cooperación internacional y acceso a fondos climáticos, pero, sobre todo, un compromiso político firme. Solo así se podrá prevenir futuros daños, mitigar los daños y recomponer lo perdido.
