El crimen de Ronald Ojeda y la sombra de Caracas
El crimen transnacional Venezuela quedó evidenciado con el secuestro y posterior asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile en febrero de 2024. Ojeda había recibido asilo tras desertar del régimen de Nicolás Maduro. Un grupo de hombres encapuchados, que simulaban ser policías, lo capturó. Días después, hallaron su cuerpo bajo una losa de cemento. Las autoridades chilenas afirman que la orden provino de Venezuela, y señalan a Diosdado Cabello como posible autor intelectual. Este hecho revela la capacidad de ciertos regímenes para ejecutar asesinatos en el extranjero con ayuda de redes criminales como el Tren de Aragua. Así, logran evadir consecuencias inmediatas.
La compleja relación entre Chile y Venezuela
La reciente escalada de tensiones entre Chile y Venezuela ha generado un escenario diplomático complejo que merece ser analizado desde una perspectiva regional, especialmente para un país como Argentina, que comparte vínculos históricos y políticos con ambos países.
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Tren de Aragua: brazo criminal del poder venezolano
El Tren de Aragua, una de las bandas criminales más temidas del continente, ha extendido su influencia más allá de las fronteras venezolanas, operando activamente en países como Perú, Colombia, Brasil y Chile. Su presunta participación en el asesinato de Ojeda refuerza la idea de una colaboración estrecha entre el crimen organizado y el aparato estatal venezolano. Según la Fiscalía chilena, la célula conocida como ‘Los Piratas’, vinculada al Tren de Aragua y asentada en Santiago, habría ejecutado el crimen. Además, se sospecha que el financiamiento de la operación se canalizó desde Perú. Este tipo de delegación de la violencia permite al régimen mantener una apariencia de desvinculación, mientras aplica tácticas propias de los servicios de inteligencia: asesinatos selectivos, desaparición de pruebas y operaciones clandestinas.
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Una arquitectura estatal para el terror transnacional
El asesinato de Ojeda no parece ser un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de represión más allá de las fronteras venezolanas. Diversos testimonios y documentos muestran cómo organismos como el DGCIM y el SEBIN —los servicios de inteligencia militar y civil del país— actúan como ejecutores de una estrategia estatal que incluye torturas, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. La utilización de bandas criminales como intermediarios facilita una negación creíble por parte del régimen, mientras que la falta de colaboración judicial internacional garantiza la impunidad. Las alianzas con gobiernos como los de Cuba y Rusia refuerzan esta red, ofreciendo apoyo técnico, logístico y político a un modelo de represión que se adapta con eficacia a distintos contextos geográficos.
Operaciones clásicas en la era de la vigilancia digital
En una época dominada por la vigilancia digital, el análisis de grandes volúmenes de datos y el espionaje cibernético, sorprende que aún se ejecuten operaciones de estilo tradicional, como las vistas durante la Guerra Fría. El asesinato de Ojeda no recurrió a tecnología de punta ni a sistemas de inteligencia sofisticados: fue una acción directa, violenta y meticulosamente encubierta. Esta persistencia en métodos clásicos revela una inquietante efectividad: los costos son mínimos, las huellas se borran con facilidad y los responsables rara vez enfrentan la justicia. La capacidad de un Estado para eliminar a sus opositores en el extranjero, sin necesidad de declarar una guerra ni asumir responsabilidad, plantea serias dudas sobre la validez de los marcos legales internacionales vigentes para frenar este tipo de agresiones.
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Extradición, impunidad y la justicia internacional
La Fiscalía chilena ha contemplado la posibilidad de solicitar la extradición de Diosdado Cabello, aunque la Constitución venezolana impide entregar a sus ciudadanos. Esta limitación legal deja en evidencia la distancia que existe entre la gravedad del crimen y la capacidad efectiva de los Estados para castigar a sus responsables. Chile evalúa llevar el caso ante la Corte Penal Internacional, argumentando que se trata de un crimen de lesa humanidad. No obstante, el sistema judicial internacional enfrenta serios obstáculos cuando debe actuar contra gobiernos que han transformado sus instituciones en herramientas de represión. En este escenario, el asesinato de Ronald Ojeda se convierte en un emblema: no solo de una represión que no conoce fronteras, sino también de un modelo de poder que actúa con precisión quirúrgica y a muy bajo costo.
Evolución de la involución: crimen organizado como política de Estado
Desde los días de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cuando los servicios de inteligencia operaban con estructuras jerárquicas, mensajes cifrados y agentes encubiertos, el espionaje ha mutado hacia formas más flexibles, descentralizadas y, en ocasiones, directamente vinculadas al crimen. La colaboración con redes mafiosas no es nueva: tanto la OSS estadounidense como la KGB soviética recurrieron a grupos criminales para ejecutar misiones secretas. Sin embargo, lo que ocurre hoy en Venezuela representa un cambio aún más profundo: no se trata solo de utilizar al crimen como herramienta, sino de integrarlo al corazón mismo del Estado. A través de organizaciones como el Tren de Aragua, el régimen de Nicolás Maduro no solo exporta criminalidad, sino que la financia, la infiltra en otros países y la emplea como instrumento de su política exterior. Esta fusión entre inteligencia estatal y crimen organizado borra los límites entre gobierno y mafia, y da forma a una nueva lógica de represión transnacional.