Por Perspectiva Internacional – 15 de julio de 2025
Fiscalía pide más de 40 años de cárcel por intento de golpe
La crisis institucional que sacudió a Brasil tras las elecciones de 2022 entra en su fase decisiva. La Fiscalía General del país ha solicitado la condena del expresidente Jair Bolsonaro por su papel en la conspiración para subvertir el orden democrático luego de perder ante Luiz Inácio Lula da Silva. El fiscal Paulo Gonet ha ratificado los cargos sin modificar una coma respecto a la acusación original: cinco delitos, entre ellos golpe de Estado y organización criminal armada, que podrían acarrear más de 43 años de prisión.
El plan incluía medidas extremas, como el asesinato del presidente Lula, según la Fiscalia
Según la acusación, Bolsonaro utilizó la estructura del Estado para sembrar el caos, alentar la radicalización de sus seguidores y preparar el terreno para una ruptura institucional. El plan incluía medidas extremas, como el asesinato del presidente Lula, del vicepresidente Alckmin y del juez Alexandre de Moraes, blanco predilecto de la extrema derecha brasileña. El intento fracasó, según concluye la investigación, por la negativa de las Fuerzas Armadas a plegarse a las presiones del bolsonarismo.
La trama involucra a figuras claves de Brasil
La trama involucra a figuras clave del entorno de Bolsonaro: el excomandante de la Marina Almir Garnier, los exministros Anderson Torres y Paulo Sérgio Nogueira, así como el general Walter Braga Netto, exjefe de Gabinete y compañero de fórmula en 2022. Todos ellos enfrentan penas similares. También está imputado Mauro Cid, exayudante personal de Bolsonaro, cuyas confesiones resultaron claves, pero insuficientes: el fiscal considera que ocultó información y pide una condena reducida, pero efectiva.
Ataque a las sedes de los tres poderes del estado
El ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la asunción de Lula, queda en este marco como el “plan B” del grupo. Aunque no era el objetivo original, fue incentivado como último recurso ante la imposibilidad de forzar un quiebre institucional por medios más directos.
La presión externa gana intensidad
En paralelo, la presión externa también gana intensidad. La petición de condena coincide con una nueva ofensiva de Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas en represalia por la “persecución política” contra Bolsonaro. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro —residente en Estados Unidos— ha llamado abiertamente a una amnistía como condición para evitar el tarifazo, incluso promoviendo sanciones contra el juez Moraes.
La derecha brasileña en tensión
La jugada pone en tensión a la derecha brasileña. Con Bolsonaro legalmente inhabilitado hasta 2030, el bolsonarismo busca un sucesor creíble. El gobernador paulista Tarcísio de Freitas asoma como posible heredero, aunque navega un delicado equilibrio: debe defender los intereses industriales de São Paulo ante la amenaza arancelaria, sin enfrentarse al clan Bolsonaro. Su tibieza ya ha provocado el reproche de Eduardo, que lo acusó de “ingenuo” por dialogar con diplomáticos estadounidenses y le recriminó haber eliminado de sus redes una foto con la gorra de Trump.
El juicio esta previsto para septiembre
Con el juicio previsto para septiembre, Bolsonaro enfrenta una cuenta regresiva que puede sellar su destino político. Aunque él sigue actuando como el “líder legítimo” de la derecha, incluso sus aliados más fieles comienzan a mirar hacia otro lado.
