Subsidio al diésel
El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el fin del subsidio al diésel ha desatado un intenso debate nacional. Esta medida, presentada como un “paso histórico” para ordenar la economía, también revela una fuerte carga ideológica. En el contexto latinoamericano, donde las políticas públicas suelen dividirse entre eficiencia de mercado y justicia social, eliminar el subsidio al diésel implica más que un simple ajuste fiscal. La decisión afecta directamente a sectores vulnerables y pone en evidencia una visión que favorece lo privado sobre lo público, sin un análisis profundo de sus consecuencias estructurales.
El anuncio del gobierno de Noboa y sus implicaciones económicas
El presidente Daniel Noboa anunció el 13 de septiembre de 2025 el fin del subsidio al diésel en Ecuador, una decisión que ha generado un amplio debate por su impacto económico y social. Presentó la medida como un paso “histórico” para corregir distorsiones del mercado, reducir el déficit fiscal y frenar el contrabando. Sin embargo, más allá de los argumentos técnicos, esta decisión refleja una narrativa ideológica presente en sectores conservadores de América Latina. En dicha visión, cualquier intervención estatal se asocia con el socialismo o el comunismo. Esta lógica, que idealiza lo privado y desprecia lo público, ha justificado recortes que afectan con mayor dureza a los sectores desfavorecidos.
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La narrativa del “paquetazo” como respuesta a la intervención estatal
Desde la década de 1990, América Latina ha vivido sucesivas olas de reformas estructurales, muchas veces impulsadas bajo la bandera de la modernización económica y la competitividad. En ese contexto, el subsidio al diésel establecido en Ecuador desde 1974, pasó de ser visto como una política social a convertirse en el blanco de críticas tecnocráticas que ven en el gasto público un freno al crecimiento. La reciente eliminación del subsidio, que elevó el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80, se ha defendido con el argumento de que favorecía principalmente a los más ricos. Sin embargo, esta lectura omite que el diésel es esencial para sectores clave como el transporte público, la agricultura y la industria, donde el aumento de costos terminará repercutiendo directamente en trabajadores y consumidores con menos recursos.
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Compensaciones insuficientes ante impactos estructurales
El Ejecutivo ha propuesto bonos y líneas de crédito productivo como paliativos para mitigar los efectos de la eliminación del subsidio. Diversas organizaciones sociales han calificado estas medidas como respuestas superficiales que no abordan el trasfondo estructural del problema. La CONAIE, el FUT y otros colectivos denunciaron que esta decisión forma parte de un nuevo “paquetazo neoliberal” que encarecerá la vida cotidiana y agudizará las brechas sociales. Mientras tanto, el gobierno insiste en confiar en la eficiencia del mercado y en eliminar distorsiones, sin explorar con seriedad otras vías de financiamiento, como recuperar deudas tributarias de grandes grupos económicos o revisar exenciones fiscales.
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El doble estándar en la crítica a la intervención estatal
Resulta llamativo que quienes celebran la eliminación del subsidio como una muestra de responsabilidad fiscal, rara vez cuestionen otros tipos de intervención estatal. Beneficios tributarios a grandes empresas o condonación de deudas a conglomerados poderosos pasan desapercibidos. Esta actitud revela un doble rasero: lo que se rechaza no es la intervención estatal en sí, sino aquella que busca redistribuir la riqueza o garantizar derechos sociales. En ese sentido, el subsidio al diésel no era solo una herramienta económica, sino también un mecanismo que facilitaba el acceso a bienes esenciales. Su eliminación, sin una red de protección sólida, deja a millones expuestos a las fluctuaciones del mercado.
¿Reforma económica o reedición del viejo libreto?
La decisión del gobierno de Noboa no responde únicamente a necesidades internas, sino también a compromisos con organismos como el Fondo Monetario Internacional, que históricamente han promovido políticas de austeridad en la región. Presentar el fin del subsidio como una medida técnica y sin carga ideológica ignora que toda política fiscal refleja una visión de sociedad. En este caso, la apuesta es clara: reducir la presencia del Estado en nombre de la eficiencia, incluso si se sacrifica el bienestar de los más vulnerables. La discusión no debería centrarse en si el Estado debe intervenir, sino en cómo lo hace y a favor de quién. En el altar del mercado, toda intervención pública parece un pecado, aunque cuanto más se idolatra al mercado, menos atiende a quienes más lo necesitan.
