Por Perspectiva Internacional
Caracas, 13 de octubre de 2026
En este contexto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en Roma el plan Venezuela Alimenta durante su intervención en un foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La iniciativa, según explicó, pretende articular los distintos procesos productivos del país con el objetivo de avanzar hacia la erradicación del hambre. El planteo supone reconocer que la seguridad alimentaria no depende únicamente de distribuir productos, sino también de garantizar la producción, el abastecimiento y la capacidad de compra de la población.
Rodríguez reivindicó la experiencia venezolana en la lucha contra el hambre y recordó el reconocimiento que la FAO otorgó al país en 2013 por sus avances en la reducción de la subalimentación.
La paradoja venezolana: retrocede el hambre, pero persiste la precariedad
No obstante, la comparación entre aquel período y la situación actual evidencia la profundidad del retroceso experimentado por Venezuela durante la última década.
El desafío del nuevo programa consiste, por lo tanto, en transformar una iniciativa política en resultados sostenibles. Para ello será necesario fortalecer la producción agropecuaria, mejorar la logística de distribución, recuperar la capacidad de compra de los hogares y establecer mecanismos de asistencia que lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
La experiencia venezolana también demuestra que los anuncios y los objetivos oficiales no son suficientes. La eficacia de cualquier política alimentaria debe medirse por sus resultados concretos y por su capacidad para mantenerse en el tiempo.
El ingreso familiar, todavía muy lejos de cubrir las necesidades básicas
Uno de los principales obstáculos para superar la inseguridad alimentaria es la distancia entre los ingresos de la población y el costo de la vida.
Según Consultores 21, el ingreso mensual promedio de los hogares pasó de 357 dólares en 2025 a 435 dólares en 2026, un incremento del 22%. Se trata de una mejora que puede contribuir a explicar la reducción de la inseguridad alimentaria registrada en el último año.
Sin embargo, la misma consultora estima que una familia necesita alrededor de 900 dólares mensuales para cubrir el conjunto de sus necesidades. En consecuencia, el ingreso promedio apenas alcanza para financiar aproximadamente la mitad de ese monto.
Esta brecha permite comprender por qué una recuperación parcial de los ingresos no se traduce automáticamente en una mejora sustancial del bienestar.
Los ingresos mejoran, pero la comida sigue sin estar garantizada
Las familias pueden estar en mejores condiciones que durante los momentos más críticos de la crisis, pero continúan obligadas a establecer prioridades entre la alimentación, la vivienda, la salud, el transporte y otros gastos esenciales. En ese escenario, una mejora estadística puede coexistir con una realidad cotidiana marcada por la precariedad.
El informe sintetiza esta situación al señalar que muchos hogares pasan del déficit a la subsistencia, sin alcanzar una verdadera holgura económica.
La comparación histórica resulta igualmente reveladora. Durante los años de mayor expansión de la economía venezolana, los ingresos petroleros permitieron financiar políticas sociales de gran alcance. Hoy, pese a los avances parciales, el poder adquisitivo de amplios sectores de la población permanece muy por debajo de aquellos niveles.
La recuperación económica, por tanto, no puede evaluarse solamente por el crecimiento de algunos ingresos o por la disponibilidad de determinados productos. Su sostenibilidad depende de que los salarios y los recursos familiares permitan cubrir de manera regular el costo real de la vida.
El retroceso de los programas sociales y la crisis del modelo de distribución
Otro elemento central del problema es la pérdida de alcance de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), uno de los principales instrumentos de asistencia alimentaria impulsados durante el gobierno de Nicolás Maduro.
El programa distribuía bolsas de alimentos subsidiados que incluían productos básicos como arroz, pasta, legumbres, leche y conservas. Para numerosos hogares, estas entregas representaban un complemento indispensable frente a la insuficiencia de sus ingresos.
Sin embargo, según la encuesta citada, la cobertura se redujo considerablemente. Mientras que entre 2019 y 2024 alrededor de tres de cada diez familias recibían una bolsa mensualmente, en la actualidad apenas el 6% declara recibirla con esa frecuencia. Además, el 52% afirma que ya no la recibe nunca.
Aunque el 59% de la población continúa recibiendo algún tipo de ayuda oficial, el debilitamiento de los CLAP evidencia las dificultades para sostener un sistema de asistencia masiva en un contexto de restricciones fiscales y transformación económica.
Venezuela reduce la inseguridad alimentaria, pero el bolsillo sigue en crisis
La cuestión trasciende la continuidad de un programa específico. Durante años, el chavismo construyó parte de su vínculo con los sectores populares mediante mecanismos estatales de distribución de alimentos subsidiados. Estos programas no solo cumplían una función social, sino que también constituían herramientas de articulación política y territorial.
Su debilitamiento reduce la capacidad del Estado para compensar las deficiencias del ingreso familiar. Cuando la asistencia pierde regularidad y los salarios continúan siendo insuficientes, las familias quedan más expuestas a las variaciones de precios y a las dificultades de abastecimiento.
El desafío consiste en reemplazar la dependencia de mecanismos de distribución discrecionales por políticas públicas previsibles, transparentes y sostenibles, capaces de garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
De Mercal a los CLAP: el agotamiento de una promesa histórica
La seguridad alimentaria ocupó un lugar central en el proyecto político de Hugo Chávez. A partir de 2003, el Gobierno impulsó los Mercados de Alimentos (Mercal), una red de establecimientos que ofrecía productos subsidiados a precios inferiores a los del comercio tradicional.
Posteriormente, el sistema se amplió mediante la Misión Alimentación y otros mecanismos de distribución, entre ellos PDVAL. La combinación de ingresos petroleros elevados, subsidios y expansión del gasto social permitió que estos programas adquirieran una presencia significativa en la vida cotidiana de los sectores populares.
En 2013, el reconocimiento de la FAO por los avances en la reducción del hambre fue presentado por el Gobierno venezolano como una demostración de la eficacia de su modelo social.
Sin embargo, el deterioro económico posterior puso de manifiesto las limitaciones de un sistema excesivamente dependiente de los recursos del Estado y de las importaciones. La caída de la producción, los problemas de gestión, las denuncias de corrupción y la reducción de la capacidad financiera pública debilitaron progresivamente aquellos mecanismos.
Venezuela ante una deuda pendiente: garantizar que comer no sea una incertidumbre
La crisis venezolana no puede explicarse mediante una sola causa. Las sanciones internacionales, las restricciones financieras, la caída de la actividad económica y los problemas estructurales de la producción nacional forman parte de un escenario complejo. Pero el análisis también debe considerar las decisiones económicas internas, el deterioro institucional y las dificultades para construir un sistema productivo capaz de sostener las políticas sociales.
La lección es clara: los programas de asistencia pueden aliviar necesidades urgentes, pero difícilmente garantizarán la seguridad alimentaria a largo plazo si no están acompañados por una economía productiva, instituciones eficaces y fuentes sostenibles de financiamiento.
La dimensión política de la inseguridad alimentaria
La difusión de estos datos coincide con una etapa de particular relevancia para el futuro político venezolano. Tras la captura de Nicolás Maduro, mencionada en el contexto de la crisis política de enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país. La encuesta de Consultores 21 constituye, según la información publicada, la primera medición de esta serie realizada desde el 3 de enero.
En ese escenario, la situación económica y social adquiere una dimensión política adicional. La capacidad del Gobierno para garantizar el acceso a los alimentos puede convertirse en uno de los principales indicadores para evaluar su desempeño y su legitimidad.
La reducción de la inseguridad alimentaria representa un resultado favorable, pero todavía insuficiente para modificar de manera sustancial la percepción de una sociedad que continúa enfrentando graves dificultades económicas.
La clase media venezolana también siente el peso de la crisis alimentaria
Además, el hecho de que el problema alcance a la clase media amplía su impacto potencial. Estos sectores suelen contar con mayores expectativas de movilidad social y estabilidad material, y su deterioro puede generar nuevas demandas de recuperación económica, mejores servicios públicos y mayor previsibilidad.
Para el Gobierno, la cuestión no consiste únicamente en administrar una emergencia social. También implica demostrar que el país puede avanzar hacia un modelo capaz de generar ingresos, recuperar la producción y reducir la dependencia de la asistencia estatal.
La seguridad alimentaria puede convertirse así en una prueba concreta de la capacidad de las autoridades para traducir sus anuncios en mejoras perceptibles para la población.
Menos hambre no significa haber superado la crisis
La evolución reciente de la inseguridad alimentaria en Venezuela presenta una paradoja: los indicadores mejoran, pero la situación social continúa siendo extremadamente delicada.
La caída del 67% al 56% de los hogares afectados en poco más de un año constituye un avance que no debe minimizarse. Sin embargo, cuando más de la mitad de las familias sigue experimentando dificultades para garantizar su alimentación, resulta prematuro hablar de una recuperación social consolidada.
El problema central es que Venezuela continúa atrapada entre una mejora parcial de sus ingresos y un costo de vida que supera ampliamente la capacidad económica de buena parte de su población. A ello se suma el debilitamiento de los programas tradicionales de asistencia, que durante años actuaron como complemento de los ingresos familiares.
La principal conclusión es que Venezuela necesita pasar de una política de administración del hambre a una estrategia integral de recuperación económica y social. Esto exige fortalecer la producción nacional de alimentos, mejorar los ingresos reales, reconstruir mecanismos de protección social eficaces y garantizar una gestión transparente de los recursos públicos.
También requiere superar la utilización de la seguridad alimentaria como consigna política. El hambre no puede ser presentada únicamente como consecuencia de factores externos ni su reducción como un éxito exclusivo del Gobierno. Se trata de un problema estructural que exige evaluar responsabilidades, reconocer las dificultades y medir los resultados con criterios verificables.
El anuncio de Venezuela Alimenta puede representar una oportunidad para reorientar las políticas públicas, pero su éxito dependerá de su ejecución, de los recursos disponibles y de su capacidad para llegar a los hogares más vulnerables.
La seguridad alimentaria, una prueba decisiva para el nuevo Gobierno venezolano
En definitiva, el indicador más importante no será cuántos puntos porcentuales descienda la inseguridad alimentaria en una nueva encuesta, sino cuántas familias puedan volver a organizar su vida sin la incertidumbre cotidiana de no saber si tendrán alimentos suficientes al día siguiente.
La recuperación de Venezuela no podrá considerarse completa mientras la alimentación, una necesidad básica y un derecho fundamental, continúe siendo una preocupación permanente para millones de personas.
