
El conflicto por el subsidio al diésel en Ecuador desata protestas lideradas por la CONAIE tras los ajustes fiscales impulsados por el FMI.
Ajuste económico de Noboa: impacto del alza del diésel
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, anunciada por el presidente Daniel Noboa para septiembre de 2025, reactivó un conflicto histórico con el movimiento indígena. Más allá del choque inmediato con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), esta medida refleja la continuidad de políticas alineadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En vez de buscar alternativas al ajuste fiscal, el gobierno optó por elevar el precio del galón de diésel de $1,80 a $2,80. Este aumento impactó directamente en el transporte, los alimentos y servicios básicos, afectando de manera más severa a los sectores vulnerables.
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CONAIE: resistencia a las políticas del FMI
La CONAIE reaccionó de forma inmediata con un paro nacional indefinido, bloqueos en distintas provincias y la proclamación de un estado de excepción comunitario en sus territorios. Una vez más, la organización indígena se posiciona como un actor clave en la oposición a decisiones gubernamentales que, bajo el argumento de la responsabilidad fiscal, terminan profundizando las desigualdades sociales. Entre sus demandas se encuentran la revocación del Decreto Ejecutivo n.º 126, la reducción del IVA del 15% al 12% y el abandono del modelo extractivista, lo que incluye la cancelación de concesiones mineras como la de Quimsacocha. Estas exigencias no son nuevas: forman parte de una lucha prolongada contra políticas económicas impuestas sin diálogo ni evaluación real de sus consecuencias sociales.
Deuda externa: el debate ausente en la agenda oficial
Uno de los grandes ausentes en el discurso oficial ha sido la discusión sobre la deuda externa y las condiciones en las que fue contraída. Aunque se insiste en que los recortes son indispensables para mantener el equilibrio fiscal, se evita un análisis profundo sobre los compromisos adquiridos y sus repercusiones a largo plazo. La prioridad otorgada al pago de la deuda ha venido acompañada de recortes en áreas sociales clave, sin abrir espacio para un debate plural sobre la viabilidad del modelo económico vigente. Esta omisión perpetúa un esquema que limita la capacidad del Estado para tomar decisiones soberanas en materia económica.
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Criminalización de la protesta: respuesta estatal al descontento
Ante las manifestaciones, el gobierno endureció su postura: decretó el estado de excepción en siete provincias, impuso toques de queda y trasladó la sede presidencial a Latacunga bajo estrictas medidas de seguridad. Además, advirtió que quienes interrumpan servicios públicos podrían enfrentar cargos por terrorismo. Esta respuesta represiva no resuelve el conflicto, sino que lo agrava, revelando un enfoque autoritario en la implementación de políticas impopulares. La represión se convierte así en una herramienta para blindar decisiones impuestas, evitando el debate público sobre posibles alternativas económicas más equitativas. La experiencia reciente demuestra que esta estrategia solo incrementa la polarización y debilita la confianza en las instituciones.
Ecuador entre el ajuste económico y la resistencia social
El país atraviesa nuevamente un momento decisivo. La supresión del subsidio al diésel no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente que se activa cada vez que se adoptan las recetas del FMI sin una evaluación crítica de sus impactos. Frente a esta dinámica, la CONAIE, con su organización territorial y su lucha por la justicia social, ambiental y económica, se mantiene como una de las pocas voces capaces de cuestionar el poder. Las protestas de septiembre de 2025 no solo visibilizan las consecuencias inmediatas del alza del combustible, sino que también ponen sobre la mesa una crítica profunda al modelo de desarrollo extractivista y excluyente que sigue vigente. El verdadero reto no está en contener las movilizaciones, sino en abrir un diálogo nacional sobre la legitimidad de la deuda y en buscar caminos alternativos a un ajuste que, una vez más, recae sobre los mismos sectores.
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