Perspectiva Internacional

Por Perspectiva Internacional

Puerto Principe, 16 de noviembre de 2026

El desembarco de 2.000 militares salvadoreños, impulsado por Nayib Bukele, abre una nueva etapa en la crisis haitiana. Sin una estructura de mando unificada, con fuerzas internacionales y locales que operan bajo diferentes objetivos y una población atrapada entre las pandillas y los operativos militares, la promesa de pacificación amenaza con convertirse en un nuevo foco de inestabilidad.

Un país convertido en escenario de una intervención fragmentada

Haití atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea. La debilidad de sus instituciones, la expansión territorial de las organizaciones criminales, la crisis política y el colapso de los servicios públicos han configurado un escenario en el que el Estado prácticamente ha perdido el control de amplias zonas del territorio.

En ese contexto, la llegada de aproximadamente 2.000 efectivos militares salvadoreños, enviados por el presidente Nayib Bukele, representa un nuevo capítulo de una prolongada historia de intervenciones internacionales que, hasta ahora, no han conseguido estabilizar de manera duradera al país caribeño.

La particularidad de esta nueva etapa es que Haití se ha convertido en escenario de operaciones de cinco estructuras armadas diferentes: la Policía Nacional haitiana, las Fuerzas Armadas locales, la Task Force vinculada a la empresa estadounidense Vectus Global, la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas, y el contingente salvadoreño.

Cinco actores, distintas cadenas de mando, objetivos no necesariamente coincidentes y mecanismos de supervisión poco claros configuran un dispositivo de seguridad cuya coordinación está lejos de estar garantizada.

La descripción de uno de los especialistas que sigue la situación resulta ilustrativa:

 Haití funciona como una orquesta sin director

El problema no es exclusivamente operativo. Cuando diferentes fuerzas actúan sobre un mismo territorio sin una autoridad de coordinación claramente establecida, aumenta el riesgo de enfrentamientos, errores de identificación, operaciones superpuestas y, fundamentalmente, daños sobre la población civil.

La pregunta central ya no es solamente quién puede derrotar a las pandillas, sino quién controla a quienes tienen la responsabilidad de combatirlas.

Bukele y la exportación de un modelo de seguridad

La intervención salvadoreña tiene una dimensión que excede ampliamente la asistencia militar. Para Nayib Bukele, Haití representa una oportunidad de proyectar internacionalmente su modelo de seguridad y consolidar su imagen como un dirigente capaz de ofrecer respuestas contundentes frente al crimen organizado.

El presidente salvadoreño ha construido buena parte de su liderazgo sobre la reducción de la violencia en El Salvador mediante una política de encarcelamientos masivos, régimen de excepción y despliegue de fuerzas de seguridad.

Haití, el nuevo escenario donde Bukele busca proyectar su poder regional

Ese modelo le ha otorgado una enorme popularidad interna y se ha convertido en una referencia para sectores políticos y sociales de América Latina que reclaman respuestas inmediatas frente a la inseguridad.

Sin embargo, su aplicación también ha generado fuertes cuestionamientos de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por detenciones arbitrarias, denuncias de torturas, restricciones al debido proceso y debilitamiento de las garantías constitucionales.

La pretensión de trasladar esa experiencia a Haití plantea un interrogante fundamental: ¿puede reproducirse un modelo de seguridad diseñado para un Estado con instituciones nacionales relativamente consolidadas en un país donde las estructuras estatales prácticamente han colapsado?

Las diferencias son sustanciales.

El Salvador enfrentaba un problema de violencia criminal dentro de un Estado que conservaba el control de su territorio, sus instituciones y sus principales instrumentos de administración pública.

Haití, en cambio, enfrenta una crisis mucho más profunda. Las pandillas no son solamente organizaciones delictivas: controlan barrios, rutas comerciales, puertos, corredores estratégicos y actividades económicas. Su poder se alimenta de la ausencia estatal, la pobreza, la exclusión social y las redes de complicidad política y económica.

Por eso, la ofensiva militar puede producir resultados tácticos inmediatos, pero difícilmente resuelva las condiciones estructurales que permiten la reproducción de la violencia.

La paradoja política: Bukele gana protagonismo mientras el Gobierno haitiano pierde legitimidad

Uno de los aspectos más llamativos de la situación es el contraste entre la creciente popularidad de Bukele entre determinados sectores de la sociedad haitiana y el progresivo deterioro de la imagen del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

La población, agotada por años de violencia, secuestros, extorsiones y abandono institucional, observa en el presidente salvadoreño una figura capaz de imponer autoridad y recuperar territorios.

Las operaciones militares recientes han alimentado esa expectativa y generado manifestaciones de apoyo a la presencia salvadoreña.

Pero este fenómeno encierra una contradicción política de enorme importancia: el Gobierno haitiano, que debería encabezar el proceso de recuperación institucional, corre el riesgo de quedar relegado a un papel secundario en su propio territorio.

Fils-Aimé ha respaldado la llegada de las tropas y ha elogiado públicamente a Bukele. Sin embargo, la percepción social parece atribuir al mandatario salvadoreño los resultados de las operaciones, debilitando todavía más la legitimidad de las autoridades locales.

Haití se convierte en el laboratorio internacional del modelo Bukele

La creación de una oficina de desescalada para coordinar a las distintas fuerzas constituye un primer intento de ordenar el dispositivo militar y evitar enfrentamientos entre unidades.

También parece reflejar una necesidad política: recuperar protagonismo y demostrar que existe una conducción haitiana del proceso.

El cambio en el discurso de Bukele, que pasó de presentar la operación como una iniciativa esencialmente salvadoreña a hablar de acciones conjuntas con las fuerzas haitianas, podría responder precisamente a esa necesidad.

No obstante, una coordinación operativa no equivale necesariamente a una estrategia política compartida.

La población civil, atrapada entre dos violencias

El mayor riesgo de esta intervención es que la población haitiana termine pagando el costo de una escalada militar sin garantías suficientes de protección.

Las pandillas han demostrado una importante capacidad para utilizar a los habitantes de los barrios que controlan como escudos humanos, mientras que las operaciones de seguridad pueden extenderse a zonas densamente pobladas.

Entre las pandillas y las fuerzas extranjeras: el drama de un Haití sin autoridad

La experiencia salvadoreña genera, además, preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. La aplicación de medidas excepcionales, las detenciones indiscriminadas y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión podrían reproducir situaciones de abuso en un contexto institucional todavía más frágil.

Los datos disponibles son alarmantes. Según las cifras citadas de Naciones Unidas, entre marzo de 2025 y enero de 2026 murieron 3.497 personas durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas, entre ellas 229 civiles. También se denunciaron fallecimientos de menores de edad sin que, hasta agosto, se hubieran abierto investigaciones sobre algunos de los episodios más graves.

La pobreza y ausencia de oportunidades conduce a las pandillas

La cuestión es especialmente delicada porque una parte de los integrantes de las pandillas son menores reclutados por la fuerza o empujados hacia esas estructuras por la pobreza y la ausencia de oportunidades.

Combatir a las organizaciones criminales sin distinguir entre sus dirigentes, sus integrantes adultos y los niños sometidos a reclutamiento forzado puede terminar convirtiendo a las víctimas de la violencia en víctimas de los propios operativos destinados a protegerlas.

La seguridad es una condición indispensable para recuperar Haití, pero no puede construirse sobre la destrucción de las garantías fundamentales de su población.

El factor internacional: una nueva disputa por la influencia en el Caribe

La crisis haitiana también debe analizarse desde una perspectiva geopolítica más amplia.

El Caribe constituye un espacio estratégico para Estados Unidos por razones de seguridad, migración, comercio, control marítimo y estabilidad regional. El deterioro de Haití tiene consecuencias que trascienden sus fronteras: desplazamientos de población, expansión de redes criminales, tráfico de armas y debilitamiento de la seguridad en toda la región.

Durante décadas, Washington y otros actores internacionales han participado en diferentes iniciativas para estabilizar el país, con resultados limitados.

La intervención salvadoreña introduce una modalidad diferente: un Gobierno latinoamericano asume un protagonismo militar y político que tradicionalmente había estado reservado a las grandes potencias o a las misiones multilaterales.

La apuesta de Bukele en Haití: seguridad, poder y una soberanía en crisis

Para Bukele, la operación ofrece una oportunidad de posicionamiento internacional. El mandatario puede presentar a El Salvador como un exportador de capacidades de seguridad y como un actor regional dispuesto a intervenir en crisis que otros gobiernos no han conseguido resolver.

También constituye una forma de ampliar su influencia política en América Latina, donde su modelo de gestión de la seguridad despierta adhesiones en sectores conservadores y críticas entre organizaciones humanitarias y gobiernos preocupados por sus consecuencias institucionales.

Sin embargo, la presencia de fuerzas salvadoreñas no debería interpretarse como una solución autónoma a la crisis haitiana. Sin un mandato suficientemente claro, mecanismos de rendición de cuentas y coordinación con los organismos internacionales, la intervención corre el riesgo de convertirse en una operación de legitimación política antes que en una estrategia integral de reconstrucción estatal.

Haití necesita algo más que una victoria militar

La historia reciente de Haití demuestra que las intervenciones internacionales pueden modificar temporalmente el equilibrio de fuerzas, pero no necesariamente construir instituciones capaces de sostener la estabilidad.

La presencia de Naciones Unidas, las distintas misiones internacionales y los programas de cooperación no lograron revertir las condiciones que condujeron al actual colapso.

El desafío es mucho más profundo que recuperar determinados barrios o destruir los centros de operaciones de las pandillas.

Haití necesita reconstruir su sistema político, recuperar el funcionamiento de la justicia, fortalecer sus fuerzas de seguridad, garantizar servicios básicos y crear oportunidades económicas para una población que lleva décadas viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Bukele desembarca en Haití: ¿solución de seguridad o nuevo experimento político?

Sin esas transformaciones, cualquier victoria militar será necesariamente provisional.

La derrota de una organización criminal puede abrir el espacio para otra. La recuperación de un territorio puede convertirse en una ocupación temporal si el Estado no está en condiciones de administrar ese espacio y garantizar la seguridad de sus habitantes.

La intervención salvadoreña plantea, por lo tanto, un dilema que trasciende a Haití: ¿hasta dónde puede llegar la búsqueda de seguridad cuando las garantías institucionales son débiles y los mecanismos de control sobre las fuerzas armadas resultan insuficientes?

Una prueba para América Latina

Lo que está ocurriendo en Haití puede convertirse en un precedente importante para la región.

En una América Latina atravesada por el crecimiento del crimen organizado, la inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones democráticas, el modelo de Bukele encuentra un terreno fértil.

La promesa de orden inmediato resulta atractiva frente a Estados que parecen incapaces de garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Pero Haití también puede demostrar los límites de esa fórmula. No es lo mismo recuperar el control de las calles que reconstruir un Estado. Tampoco es equivalente reducir los indicadores de criminalidad a resolver las causas políticas, económicas y sociales que alimentan la violencia.

cuando la lucha contra las pandillas amenaza con profundizar el colapso del Estado

El verdadero éxito de la intervención no debería medirse por la cantidad de pandilleros detenidos, los territorios recuperados o las imágenes de operativos difundidas en las redes sociales, sino por la capacidad de Haití para recuperar instituciones legítimas, garantizar los derechos de sus ciudadanos y construir una autoridad estatal que no dependa permanentemente de fuerzas extranjeras.

Por ahora, cinco fuerzas armadas operan sobre un mismo territorio, mientras la población sigue esperando una respuesta que le permita vivir sin miedo.

La apuesta de Bukele puede representar una oportunidad para modificar el escenario de seguridad haitiano. Pero, si no existe una conducción política clara, supervisión internacional y una estrategia de reconstrucción institucional, el remedio podría terminar profundizando la enfermedad.

Haití no necesita solamente un ejército capaz de derrotar a las pandillas. Necesita recuperar un Estado capaz de sobrevivir a su propia crisis.