La reciente decisión de los diputados salvadoreños el 29 de Abril, de aprobar un mecanismo exprés para reformar la constitución ha generado preocupación dentro y fuera del país. Esta medida, impulsada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, abre la puerta a la reelección indefinida del mandatario y ha sido calificada por muchos como un paso hacia un “esquema dictatorial”.
Comparado con el proceso de reforma constitucional en Argentina, la situación en El Salvador es alarmante. Mientras que, en Argentina, cualquier cambio constitucional requiere un amplio consenso y un proceso deliberado, en El Salvador se ha utilizado un mecanismo exprés para aprobar la reforma, sin dar tiempo para un debate adecuado ni considerar las implicaciones a largo plazo.
La preocupación por el abuso de poder y la acumulación de poder en manos del ejecutivo es compartida por muchos en ambos países. En Argentina, la historia ha demostrado los peligros de concentrar demasiado poder en la presidencia, mientras que en El Salvador, la falta de controles democráticos podría llevar a un retroceso en los avances logrados desde el fin de la guerra civil en 1992.
Es fundamental que la comunidad internacional esté atenta a estos desarrollos y corrija cualquier acción que amenace la democracia y los derechos humanos en la región.
Los procesos de reforma constitucional deben estar diseñado para proteger los principios democráticos y los derechos fundamentales, deben establecer altas barreras para garantizar que cualquier cambio sea el resultado de un consenso amplio y representativo de la voluntad popular. Por el contrario, en El Salvador, la aprobación de la reforma constitucional parece ser el resultado de un control político total por parte del partido en el poder, sin considerar las preocupaciones de la oposición o la sociedad civil.
En última instancia, la historia nos enseña que la consolidación del poder autoritario nunca conduce al bienestar de la sociedad.
