La reciente denuncia de Human Rights Watch sobre la muerte de 223 civiles, incluidos 56 niños, a manos del ejército de Burkina Faso en dos pueblos del norte del país el pasado 25 de febrero, sacude no solo a la comunidad internacional, sino también a la conciencia de quienes abogan por los derechos humanos en nuestro país. Este atroz acto, que según los supervivientes fue llevado a cabo bajo la acusación de complicidad con grupos yihadistas, representa una de las peores masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas burkinesas contra civiles desde el inicio de la violencia yihadista en 2015 en esta región del Sahel.
Es esencial comprender el contexto en el que se desarrollaron estos trágicos eventos. Los ataques iniciales de yihadistas armados contra objetivos civiles y militares desencadenaron una respuesta militar que, lejos de proteger a los ciudadanos, resultó en una masacre indiscriminada de inocentes. Los testimonios recopilados por HRW revelan la brutalidad con la que el ejército actuó, y el horror que enfrentaron los habitantes de Nondin y Soro, quienes fueron ejecutados sin juicio previo y enterrados en fosas comunes.
La falta de acción por parte de las autoridades para prevenir tales atrocidades y la repetida negativa a investigar estos crímenes ponen de manifiesto la urgente necesidad de una intervención internacional para garantizar una investigación creíble sobre posibles crímenes de lesa humanidad. El gobierno de facto de Burkina Faso, instalado tras los golpes de Estado de 2022, ha sido acusado en múltiples ocasiones de perpetrar masacres y ejecuciones extrajudiciales contra civiles, y es hora de que se haga justicia.
Desde 2015, Burkina Faso ha enfrentado una insurgencia yihadista que ha cobrado miles de vidas y ha desplazado a millones de personas. Sin embargo, en lugar de proteger a su pueblo, el régimen militar ha optado por una política represiva que viola flagrantemente los derechos humanos y las libertades fundamentales. La militarización forzada de líderes políticos y activistas críticos demuestra la desesperada necesidad de restaurar el estado de derecho y respetar los principios democráticos en Burkina Faso.
Como ciudadanos comprometidos con la justicia y los derechos humanos, debemos alzar nuestra voz en solidaridad con las víctimas de esta brutalidad y exigir que se responsabilice a los perpetradores de estos crímenes. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante tales atrocidades, y es nuestro deber como defensores de los derechos humanos exigir justicia para las víctimas y poner fin a la impunidad que prevalece en Burkina Faso.
