Perspectiva Internacional | 20 de octubre de 2026
América Latina cambia sus prioridades: más orden público, menos debate sobre el desarrollo
América Latina atraviesa una transformación en sus prioridades políticas. Frente al avance del crimen organizado, la violencia y la creciente demanda ciudadana de seguridad, los nuevos gobiernos y los principales candidatos presidenciales de la región colocan el orden público en el centro de sus programas. Sin embargo, este giro plantea un interrogante fundamental: ¿cómo financiar una política de seguridad más ambiciosa cuando las cuentas públicas están tensionadas y las promesas de rebajas fiscales limitan los recursos del Estado?
Un informe del Banco de España sobre la economía latinoamericana advierte sobre esta contradicción. Mientras la lucha contra la delincuencia gana terreno en el debate público, las propuestas vinculadas al crecimiento económico, la productividad y el desarrollo social pierden centralidad. El resultado es una agenda política atravesada por una tensión entre las demandas inmediatas de la ciudadanía y las condiciones económicas necesarias para sostenerlas.
La inseguridad redefine las prioridades electorales
Durante los últimos años, la criminalidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de buena parte de las sociedades latinoamericanas. Las organizaciones delictivas, las extorsiones, los secuestros, el narcotráfico y la expansión de grupos armados han debilitado la percepción de seguridad y erosionado la confianza en las instituciones.
En países como Chile, Colombia, Perú, Brasil y México, la inseguridad ha desplazado al desempleo y la inflación entre las principales inquietudes ciudadanas. Según los datos recogidos en el informe, más del 70% de los peruanos sitúa la violencia entre sus preocupaciones prioritarias, mientras que en Colombia más del 60% reclama que el Gobierno coloque la seguridad por delante de otras áreas de gestión.
Este escenario ayuda a explicar por qué numerosos dirigentes han incorporado propuestas de endurecimiento penal, ampliación de las capacidades policiales, intervención militar en zonas conflictivas y construcción de establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.
Chile
En Chile, el presidente José Antonio Kast ha planteado intervenciones policiales en 50 barrios. En Colombia, Abelardo de la Espriella propone un Bloque Nacional contra la Extorsión y operativos de gran escala. En Perú, Keiko Fujimori ha defendido el despliegue de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia y la creación de unidades penitenciarias de máxima seguridad.
Brasil
En Brasil, las propuestas de Flávio Bolsonaro incluyen un endurecimiento de las normas contra el narcotráfico, la ampliación de la infraestructura carcelaria y medidas de contención inspiradas en la experiencia salvadoreña.
Aunque las estrategias difieren, existe un denominador común: la seguridad se ha convertido en un componente central de la competencia política y en una prueba de legitimidad para los gobiernos.
Argentina
La excepción relativa es Argentina, donde, según el informe citado, el deterioro de los ingresos y el desempleo continúan ocupando un lugar predominante entre las preocupaciones sociales.
El dilema: más seguridad con menos recursos públicos
El desplazamiento de la economía en el discurso político no significa que sus problemas hayan desaparecido. Por el contrario, la región afronta el desafío de responder a la inseguridad en un contexto de endeudamiento elevado, mayores costes de financiación y escaso margen presupuestario.
Gran contradiccion del modelo
Aquí aparece una contradicción importante. Los gobiernos necesitan recursos para contratar y formar policías, mejorar los sistemas de inteligencia, fortalecer las fiscalías, modernizar las cárceles y recuperar el control territorial. Sin embargo, algunos de los programas económicos que acompañan estas políticas proponen reducir impuestos, congelar el gasto público y limitar el tamaño del Estado.
En Chile, Kast ha planteado reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, junto con medidas de contención del gasto. En Colombia, De la Espriella propone eliminar el impuesto al patrimonio, simplificar el sistema tributario y congelar el gasto público. En Brasil, Flávio Bolsonaro defiende una reducción del gasto equivalente al 1,5% del producto interno bruto, además de cambios en la estructura ministerial.
Estas propuestas responden a una concepción económica que busca estimular la inversión privada, reducir cargas tributarias y mejorar la eficiencia estatal. No obstante, sus efectos sobre el crecimiento y la recaudación dependerán de su diseño, de la respuesta de la actividad económica y de la capacidad de compensar los ingresos fiscales que eventualmente se pierdan.
El problema es que la seguridad no constituye un gasto excepcional que pueda resolverse con una intervención puntual. Requiere financiación sostenida durante años. Si la recaudación disminuye y el gasto total se mantiene bajo presión, los gobiernos deberán optar entre reasignar partidas, buscar nuevas fuentes de ingresos, aumentar el endeudamiento o limitar el alcance de sus propios programas.
En ese contexto, la promesa de combatir eficazmente el crimen organizado puede entrar en conflicto con la decisión de reducir simultáneamente los recursos disponibles para el Estado.
La deuda pública estrecha el margen de maniobra
Las cifras fiscales citadas en el informe reflejan la magnitud del desafío. Según los datos presentados, el déficit presupuestario supera el 5% del PIB en México y Colombia y alcanza el 9,4% en Brasil.
La situación brasileña resulta especialmente relevante. La deuda pública podría situarse en torno al 97% del PIB durante 2026, mientras que el pago de intereses absorbe recursos equivalentes al 7,7% del producto. Las proyecciones mencionadas apuntan, además, a que la deuda podría alcanzar el 100% del PIB en 2036 incluso bajo el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal.
Colombia también enfrenta una trayectoria de endeudamiento preocupante, con previsiones de incremento de la deuda durante la próxima década. México y Chile presentan ratios inferiores, pero tampoco están exentos de restricciones presupuestarias.
El endeudamiento no solo limita la capacidad de financiar nuevas políticas. También puede encarecer el crédito para el conjunto de la economía y aumentar la vulnerabilidad del sistema financiero cuando los bancos mantienen una exposición importante a la deuda soberana.
Por eso, la discusión sobre seguridad no puede separarse de la sostenibilidad fiscal. Un Estado que promete ampliar sus capacidades coercitivas mientras pierde margen financiero corre el riesgo de generar expectativas que luego no pueda cumplir.
El crecimiento económico: una asignatura pendiente
Pese a las dificultades, América Latina ha mostrado cierta capacidad para absorber los impactos externos. Las previsiones privadas de crecimiento regional para 2026 recogidas en el informe pasaron del 2,2% esperado en febrero al 2% en septiembre.
La región también se ha beneficiado de mejores condiciones de financiación externa durante parte del año y de una apreciación media de sus monedas, según los datos citados. Sin embargo, la inflación continúa siendo un factor de preocupación, con una tasa media prevista del 5,2% para 2026.
Estas cifras revelan una economía que mantiene cierto dinamismo, pero que no logra despejar sus principales incertidumbres estructurales.
El problema de fondo es que el crecimiento económico no depende exclusivamente de la estabilidad fiscal o de las condiciones financieras internacionales. También requiere inversión productiva, infraestructura, educación, innovación tecnológica, formación laboral y reglas institucionales previsibles.
La seguridad, a su vez, influye directamente sobre estas variables. La extorsión, la violencia y el control territorial ejercido por organizaciones criminales pueden desalentar inversiones, aumentar los costes de las empresas y perjudicar especialmente a las pequeñas y medianas actividades económicas.
Por lo tanto, seguridad y desarrollo no deberían concebirse como prioridades enfrentadas. La dificultad consiste en articular políticas que permitan avanzar en ambas dimensiones sin comprometer la estabilidad económica ni debilitar los servicios públicos esenciales.
El riesgo de confundir seguridad con desarrollo
La creciente demanda de orden público tiene una explicación social concreta. Cuando una familia teme por su integridad, un comerciante debe pagar extorsiones o una comunidad queda sometida a grupos criminales, la seguridad deja de ser una discusión abstracta y se convierte en una necesidad inmediata.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de responder a esa demanda. Sin embargo, la eficacia de las políticas de seguridad no puede medirse únicamente por el número de detenciones, los despliegues policiales o la cantidad de personas encarceladas.
También importa la capacidad de investigar delitos, reducir la impunidad, desarticular las redes financieras del crimen organizado, prevenir el reclutamiento de jóvenes y garantizar la presencia permanente de las instituciones en los territorios afectados.
Una estrategia exclusivamente represiva puede resultar insuficiente si no se acompaña de una justicia eficaz, oportunidades laborales, educación y políticas de prevención. Del mismo modo, los programas sociales difícilmente podrán desarrollarse de manera sostenible en territorios donde las organizaciones criminales controlan la vida cotidiana.
La cuestión central es cómo construir una política integral que combine autoridad estatal, prevención, crecimiento económico y cohesión social.
América Latina ante una nueva etapa política
El desplazamiento del desarrollo económico en el discurso electoral también refleja un cambio en la relación entre ciudadanía y poder político. La inseguridad genera una demanda de resultados inmediatos, mientras que las reformas productivas y educativas suelen producir efectos más lentos y difíciles de atribuir a una administración concreta.
Esta diferencia temporal favorece las promesas de respuestas rápidas y visibles. Pero las transformaciones económicas requieren continuidad institucional, inversión y políticas cuyos beneficios pueden superar los ciclos electorales.
La región enfrenta así una doble exigencia: recuperar el control territorial y, al mismo tiempo, crear las condiciones para que la población tenga mayores oportunidades de progreso. Si una de estas dimensiones queda relegada, la otra puede terminar debilitándose.
Un ajuste fiscal que reduzca inversiones esenciales podría limitar las oportunidades laborales y sociales que contribuyen a prevenir la violencia. En sentido inverso, una expansión desordenada del gasto en seguridad, financiada mediante endeudamiento creciente, podría agravar los desequilibrios macroeconómicos y reducir la capacidad estatal en el futuro.
El desafío consiste en evitar ambos extremos y establecer prioridades presupuestarias compatibles con los recursos disponibles.
El verdadero desafío
El giro hacia la seguridad representa una respuesta a preocupaciones legítimas de las sociedades latinoamericanas. No obstante, su consolidación como principal eje de la competencia política obliga a preguntarse qué modelo de Estado pretenden construir los nuevos gobiernos.
La región necesita instituciones capaces de garantizar el orden público, pero también economías que generen empleo formal, eleven la productividad, atraigan inversiones y amplíen las oportunidades sociales. Estas dimensiones se complementan: sin seguridad, el desarrollo encuentra obstáculos; sin desarrollo, la capacidad de sostener políticas de seguridad y fortalecer la cohesión social se vuelve más limitada.
La principal contradicción de la nueva agenda latinoamericana aparece cuando se promete un Estado más fuerte frente al crimen y, simultáneamente, se plantea reducir sus ingresos y restringir sus recursos sin explicar con claridad cómo se financiarán las nuevas obligaciones.
Más seguridad, menos recursos: la contradicción fiscal que enfrenta América Latina
La cuestión decisiva, por tanto, no es si América Latina debe priorizar la seguridad o el desarrollo económico. Necesita ambos. El verdadero debate es cómo financiar esa doble prioridad, qué gastos deben protegerse y qué reformas permitirán que los recursos públicos produzcan resultados duraderos.
América Latina quiere seguridad, pero ¿puede pagarla?
La seguridad puede convertirse en una condición para el desarrollo, pero difícilmente lo sustituya. Si los gobiernos latinoamericanos no logran conciliar el control del crimen con la estabilidad fiscal, la inversión productiva y la inclusión social, el cambio de prioridades podría resolver algunas urgencias inmediatas sin modificar las condiciones estructurales que alimentan la fragilidad de la región.
