Por Perspectiva Internacional
Armenia, 3 de noviembre de 2026
La COP17 de Armenia concluyó con acuerdos de alcance limitado y postergó las decisiones más importantes sobre financiamiento, protección de los ecosistemas y reducción de los subsidios perjudiciales para la naturaleza. La distancia entre los compromisos internacionales y su implementación vuelve a poner en evidencia los límites de la cooperación global.
La crisis de la biodiversidad constituye uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. La destrucción de ecosistemas, la pérdida acelerada de especies, la deforestación y la explotación insostenible de los recursos naturales configuran un problema que trasciende las fronteras nacionales y compromete tanto el equilibrio ambiental como las perspectivas económicas y sociales de las próximas generaciones.
Sin embargo, la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP17), celebrada en Ereván, Armenia, volvió a demostrar que existe una considerable distancia entre el reconocimiento de la gravedad del problema y la capacidad de la comunidad internacional para adoptar medidas efectivas.
El encuentro concluyó con algunos avances diplomáticos, pero sin los compromisos financieros y políticos que muchos gobiernos, organizaciones ambientalistas y especialistas consideraban indispensables. Bajo el lema de actuar por la naturaleza, la conferencia terminó dejando para la próxima reunión, prevista en Ecuador, buena parte de las decisiones que deberían orientar la protección de la biodiversidad durante esta década.
El resultado vuelve a plantear un interrogante central: ¿puede el sistema multilateral responder a una crisis global cuando los intereses nacionales, las diferencias ideológicas y las disputas geopolíticas condicionan cada vez más las negociaciones?
Compromisos ambiciosos, resultados insuficientes
La COP17 tenía dos objetivos fundamentales: establecer una hoja de ruta para avanzar en las 23 metas globales de biodiversidad acordadas en Montreal en 2022 y definir mecanismos concretos para financiar su cumplimiento hacia 2030.
El balance, sin embargo, estuvo lejos de las expectativas.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que menos de la mitad de los objetivos se encuentran encaminados. Entre los compromisos más retrasados aparecen dos particularmente relevantes: movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para financiar la biodiversidad y reducir en 500.000 millones de dólares los subsidios que perjudican a la naturaleza.
Aunque los documentos finales reconocieron la urgencia de acelerar las acciones y cerrar la brecha financiera, no establecieron mecanismos suficientemente precisos sobre el origen de los recursos, su distribución ni las responsabilidades que deberán asumir los distintos países.
La naturaleza espera, la diplomacia posterga
La cuestión financiera constituye, probablemente, el principal obstáculo para transformar los compromisos ambientales en políticas concretas. Los países en desarrollo, que concentran una parte sustancial de la biodiversidad mundial, reclaman recursos internacionales para preservar sus ecosistemas sin comprometer sus posibilidades de crecimiento económico.
En este escenario, América Latina ocupa una posición estratégica. La Amazonía, los grandes sistemas fluviales, los humedales, los bosques tropicales y una enorme diversidad de especies convierten a la región en un actor fundamental para cualquier estrategia global de conservación.
Pero esa riqueza natural también representa una responsabilidad y una oportunidad de negociación internacional que todavía no ha sido suficientemente aprovechada.
La geopolítica también llegó a las negociaciones ambientales
La conferencia de Armenia dejó en evidencia que las discusiones sobre biodiversidad ya no pueden entenderse exclusivamente desde una perspectiva científica o ecológica. Detrás de los acuerdos aparecen diferencias políticas, disputas ideológicas y conflictos de intereses que reflejan las tensiones del escenario internacional.
Uno de los episodios más significativos estuvo relacionado con el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en las decisiones sobre biodiversidad. Indonesia cuestionó las reglas para garantizar su participación con capacidad de influencia en las negociaciones.
También se registraron diferencias en torno al lenguaje de género. Argentina intentó limitar la utilización de determinados términos en los documentos finales, una posición que se inscribe en la orientación ideológica del gobierno de Javier Milei y en sus intervenciones dentro de otros organismos de Naciones Unidas.
Por otra parte, Rusia consiguió bloquear un reconocimiento más contundente del papel de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
Biodiversidad y poder: cuando la geopolítica condiciona el futuro del planeta
La controversia provocó una reacción de Suiza, que habló en representación de 55 países, entre ellos los integrantes de la Unión Europea y Colombia, para advertir sobre los riesgos de subordinar la evidencia científica a las disputas políticas.
El episodio resulta particularmente preocupante. Si la ciencia deja de constituir una referencia compartida para la formulación de políticas públicas, las negociaciones internacionales corren el riesgo de convertirse en escenarios donde prevalecen las posiciones ideológicas por encima de los diagnósticos técnicos.
La ausencia de Estados Unidos en la Convención sobre Diversidad Biológica también constituye un elemento relevante. Su falta de participación limita la capacidad de coordinación de uno de los principales actores económicos y científicos del sistema internacional, al tiempo que evidencia las dificultades para construir consensos ambientales verdaderamente universales.
América Latina: entre la riqueza natural y la falta de financiamiento
Para América Latina, el resultado de la COP17 tiene una importancia particular.
La región concentra algunos de los ecosistemas más relevantes del planeta y desempeña un papel determinante en la regulación climática, la conservación de recursos hídricos y la protección de especies.
Sin embargo, existe una contradicción entre esa importancia estratégica y la disponibilidad de recursos destinados a preservar su patrimonio natural.
La insuficiencia del financiamiento constituye una limitación estructural. Los países latinoamericanos deben conciliar la necesidad de proteger sus ecosistemas con demandas sociales urgentes, restricciones fiscales y modelos productivos que, en numerosos casos, dependen de la explotación de recursos naturales.
En este contexto, la discusión internacional sobre quién debe financiar la conservación adquiere una dimensión política y económica fundamental.
COP17: otra cumbre de grandes promesas y resultados insuficientes
Los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica y una mayor capacidad financiera, mientras que las naciones en desarrollo reclaman mecanismos de cooperación que permitan distribuir los costos de la transición ecológica de manera más equitativa.
La región necesita, por lo tanto, pasar de una posición predominantemente declarativa a una estrategia diplomática coordinada que permita negociar recursos, transferencia tecnológica y mecanismos de compensación por los servicios ambientales que sus ecosistemas proporcionan al conjunto del planeta.
Argentina, en particular, enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre sus intereses productivos, la preservación de sus recursos naturales y su inserción en los mecanismos internacionales de cooperación ambiental.
La COP18 y la oportunidad de recuperar el rumbo
Buena parte de las decisiones pendientes quedaron trasladadas a la próxima conferencia, que se realizará en Ecuador.
Entre ellas se encuentran la evaluación del funcionamiento del Fondo Mundial para la Biodiversidad, los mecanismos para distribuir los beneficios económicos derivados de la información genética digital y las definiciones sobre la reducción de subsidios perjudiciales para los ecosistemas.
La postergación de estos asuntos refleja una tendencia preocupante: las negociaciones internacionales consiguen formular objetivos ambiciosos, pero encuentran dificultades para establecer mecanismos obligatorios, financiamiento suficiente y sistemas de control.
El planeta pierde biodiversidad mientras los gobiernos negocian
La COP18 tendrá, en consecuencia, una responsabilidad mayor que la de continuar el diálogo diplomático. Deberá demostrar que los compromisos asumidos pueden transformarse en decisiones verificables.
El desafío será particularmente complejo porque la agenda ambiental se desarrolla en un escenario internacional marcado por la competencia entre grandes potencias, el debilitamiento de los consensos multilaterales y la creciente fragmentación política.
Una crisis ambiental que también es una crisis de gobernanza global
El resultado de Armenia permite extraer una conclusión que va más allá de la cuestión ambiental: el multilateralismo atraviesa una crisis de eficacia.
Los grandes desafíos contemporáneos —el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las migraciones, la seguridad alimentaria y la regulación tecnológica— requieren respuestas coordinadas. Sin embargo, las instituciones internacionales encuentran cada vez mayores dificultades para transformar los acuerdos políticos en compromisos concretos.
La biodiversidad constituye un ejemplo especialmente claro de esta contradicción. Sus beneficios son globales, pero los costos de su preservación suelen recaer sobre los Estados que poseen los ecosistemas más importantes y disponen de menores recursos financieros.
En definitiva, no alcanza con reconocer que la naturaleza necesita protección. Es necesario definir quién paga, quién controla, quién asume las responsabilidades y cómo se distribuyen los beneficios económicos de esa protección.
La naturaleza espera, la diplomacia posterga: la crisis del multilateralismo frente a la pérdida de biodiversidad
La COP17 consiguió mantener abierta la negociación, pero no logró imprimirle la velocidad que exige la crisis. La diplomacia ambiental volvió a demostrar su capacidad para construir consensos mínimos, aunque también sus dificultades para superar los intereses nacionales y las diferencias políticas.
El tiempo, sin embargo, no negocia. La pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas avanzan independientemente de los calendarios diplomáticos.
La próxima conferencia en Ecuador tendrá la oportunidad de corregir el rumbo. Pero si vuelve a limitarse a declaraciones de buenas intenciones, la comunidad internacional habrá perdido algo más que una oportunidad ambiental: habrá confirmado que, frente a los grandes desafíos globales, el sistema multilateral sigue teniendo más capacidad para reconocer los problemas que para resolverlos.
