El Gobierno de Boluarte enfrenta represión, captura institucional y crisis de legitimidad en medio de protestas sociales y rechazo ciudadano.
Boluarte y el endurecimiento del poder desde la legalidad
El Gobierno de Boluarte comenzó tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, con respaldo constitucional. Sin embargo, con el tiempo, su gestión adoptó un rumbo autoritario. Apoyada por una alianza con un Congreso de mayoría conservadora, ha logrado blindarse frente a intentos de remoción. Incluso en medio de escándalos como el ‘Rolexgate’ y denuncias por violaciones a los derechos humanos, ha mantenido su posición. Esta coalición ha desactivado mecanismos de fiscalización política y tomado control de instituciones clave del Estado, debilitando los contrapesos necesarios para la democracia.
«Sexo por votos», Escándalo en el Congreso peruano
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La represión como respuesta estructural a la protesta
Una de las bases sobre las que se sostiene el gobierno de Boluarte es la represión organizada de las manifestaciones sociales. Las protestas surgidas en regiones del sur andino y la Amazonía, que exigen su renuncia y nuevas elecciones, fueron enfrentadas con violencia estatal. Más de 60 personas murieron en menos de tres meses, muchas de ellas indígenas y campesinas. La declaración de estados de emergencia permitió una fuerte presencia militar en las zonas movilizadas. Desde el gobierno se recurrió al ‘terruqueo’, una táctica que asocia la protesta con el terrorismo. Esta narrativa limita la disidencia y refuerza dinámicas de discriminación racial históricas en la política peruana.
Represión policial en Lima contra jóvenes
Represión policial Lima deja víctimas durante protestas juveniles contra el gobierno de Dina Boluarte en el centro de la capital peruana.
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Instrumentalización del aparato judicial y debilitamiento institucional
Además de la represión, el oficialismo impulsó cambios legislativos que afectan la autonomía del sistema judicial y los esfuerzos contra la corrupción. El Congreso aprobó normas que reducen el alcance de delitos de crimen organizado, obstaculizan el trabajo del Ministerio Público y promueven la impunidad, incluso en casos graves de derechos humanos. La destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia y los intentos por desmantelarla revelan una estrategia para controlar los órganos de fiscalización. Boluarte ha contribuido a consolidar un modelo donde el marco legal sirve para dominar, no para limitar al poder ejecutivo.
📜 Línea de tiempo
7 de diciembre de 2022
Intento de autogolpe de Pedro Castillo y asunción de Dina Boluarte
El entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, lo que fue considerado un autogolpe fallido. Fue destituido y Dina Boluarte asumió la presidencia, iniciando una etapa de crisis política y social en Perú.
Finales de 2022 – inicios de 2023
Protestas masivas y represión estatal
Se desataron protestas en el sur del país, especialmente en regiones andinas e indígenas, exigiendo la renuncia de Boluarte y nuevas elecciones. La respuesta del gobierno fue la represión con uso de fuerza letal, dejando más de 60 muertos en menos de tres meses.
Mediados de 2023
Inicio de reformas legislativas autoritarias
El Congreso, en alianza con Boluarte, impulsó leyes que debilitan la lucha anticorrupción, reducen el alcance del crimen organizado y otorgan más poder a la policía, consolidando una coalición autoritaria y erosionando el Estado de derecho.
2024
Captura institucional y debilitamiento del sistema judicial
Se removieron miembros de la Junta Nacional de Justicia y se impulsaron reformas para controlar el sistema judicial y electoral. El Congreso debilitó al Ministerio Público, afectando investigaciones clave de corrupción.
30 de septiembre de 2025
Dina Boluarte reafirma que no renunciará
En medio de una aprobación de apenas 5% y múltiples denuncias por corrupción y represión, Boluarte declara que no renunciará y llama a elecciones generales en abril de 2026, acusando a sus opositores de promover la anarquía.
Desconexión con la ciudadanía y erosión de la legitimidad
Boluarte se define como “mujer demócrata” y rechaza renunciar, pero su gobierno tiene una desaprobación histórica de apenas 5%. Esta desconexión se refleja en las cifras y en la continuidad de movilizaciones y demandas sociales ignoradas por el Ejecutivo. La persecución de dirigentes sociales, el hostigamiento a la prensa y el cierre del espacio cívico profundizan el distanciamiento entre el poder y la ciudadanía. Esto debilita aún más la frágil legitimidad del régimen. En este contexto, la democracia peruana parece una estructura vacía, incapaz de representar o proteger a sus habitantes.
Venezuela ante el riesgo de intervención militar extranjera
Intervención militar Venezuela genera tensiones mientras Maduro refuerza su discurso y crecen llamados a una solución interna y soberana.
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Una democracia formal atrapada en un régimen de facto
El Perú bajo Boluarte mantiene las formas externas de una democracia, pero su contenido ha sido desvirtuado por una coalición sin límites reales. Las acciones represivas, el control institucional y la manipulación del sistema judicial son parte de una estrategia de supervivencia política. En lugar de buscar salidas democráticas a la crisis de legitimidad, el gobierno ha optado por cerrar filas, blindarse y controlar el disenso. Así, la legalidad se transforma en herramienta de prácticas autoritarias, mientras las voces críticas son vistas como amenazas y no como expresiones legítimas de la sociedad.
Esta realidad plantea una pregunta persistente: ¿por qué tantos gobiernos en Perú terminan en crisis o sin completar su mandato? La respuesta parece estar en la debilidad estructural del sistema político, la desconexión de la clase dirigente con la población y una cultura de inestabilidad que se repite. Sin reformas profundas, las prácticas autoritarias continúan y convierten a la crisis en un rasgo permanente del panorama político peruano.
