denuncias por traslado de menores a cárceles para adultos
El gobierno de Nayib Bukele sigue generando controversia en la comunidad internacional tras la aprobación de una nueva medida que permite trasladar a menores de edad a cárceles para adultos. La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que esta política vulnera estándares internacionales de justicia juvenil y expone a los menores a mayores riesgos de abuso y tortura.
Un cambio legislativo alarmante
El 13 de febrero, Bukele sancionó una ley que establece el traslado de menores acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de cárceles para adultos. Según HRW, estas prisiones han sido escenario de múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y malos tratos.
Reformas que someten a ninos al sistema penitenciario para adultos
“Estas reformas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
Cifras alarmantes bajo el régimen de excepción
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 3.000 niños y adolescentes han sido detenidos, muchos de ellos sin pruebas concluyentes sobre su vinculación con pandillas. Para febrero de 2024, 1.065 menores habían sido condenados, en muchos casos bajo el delito ampliamente cuestionado de “agrupaciones ilícitas”. HRW ha alertado que en varios casos, las detenciones parecen basarse en denuncias anónimas o en la apariencia física de los jóvenes.
Condiciones inhumanas en las cárceles salvadoreñas
Las denuncias sobre las condiciones dentro de las cárceles para adultos en El Salvador son estremecedoras. La falta de acceso a servicios básicos, el hacinamiento extremo, la incomunicación y la tortura son parte de la realidad que enfrentan miles de detenidos.
Politicas que enfrentan las recomendaciones del Comité de los Derechos del nino
De acuerdo con HRW, las últimas reformas en materia de justicia juvenil han elevado las penas máximas a 10 años para niños de 12 a 15 años y hasta 20 años para adolescentes mayores de 16, una política que choca con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que insta a los gobiernos a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal.
Reacciones y críticas
La comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos han condenado estas medidas y exigen su reconsideración. “Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, advierte Goebertus.
Crecientes cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos
Mientras Bukele mantiene su estrategia de mano dura contra el crimen, su gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos que han marcado su régimen. El Salvador se encuentra en una encrucijada entre seguridad y derechos fundamentales, una tensión que seguirá generando debate tanto dentro como fuera del país.
