En un significativo movimiento diplomático, México ha solicitado formalmente su incorporación por denuncia de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este anuncio, realizado el martes a través de un comunicado oficial de la CIJ, subraya la intención de México de intervenir en este delicado litigio internacional.
La denuncia original fue presentada por Sudáfrica en diciembre de 2023, dos meses después del estallido de la guerra iniciada por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra el grupo islamista Hamás en Palestina. La representación mexicana ha declarado que, como miembro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, busca aportar su perspectiva sobre la interpretación de los principios de derecho internacional relevantes en este caso.
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Interés Jurídico y Posición de México
León Castellanos Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional del Asser Institute de La Haya, explica que México tiene un interés jurídico claro como signatario de la Convención sobre Genocidio. “Lo que México está haciendo es comunicar a la Corte su intención de que se cumpla y se haga cumplir la Convención sobre Genocidio”, señala Castellanos. México pretende influir en cómo deben interpretarse estos principios en el contexto del conflicto en Gaza.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha condenado los ataques contra civiles en territorio palestino, al tiempo que se ha opuesto a los ataques terroristas que iniciaron el conflicto el 7 de octubre de 2023. En abril, las autoridades mexicanas reafirmaron su apoyo a una solución integral y definitiva del conflicto, basada en la coexistencia de dos Estados que atienda tanto las preocupaciones de seguridad de Israel como la viabilidad política y económica de un Estado palestino.
Contexto Humanitario y Jurídico
El conflicto ha tenido un costo humano significativo. Recientemente, se confirmó la muerte de Orión Hernández, un ciudadano mexicano que había sido secuestrado por Hamás. Sus restos serán repatriados esta semana, mientras que Ilana Gritzewsky Camhi, otra ciudadana mexicana retenida, fue liberada en noviembre.
En términos procesales, la CIJ sigue un procedimiento claro: tras la solicitud de intervención de un Estado, consulta a las partes del litigio, en este caso, Israel y Sudáfrica. Estas respuestas serán evaluadas por la CIJ para decidir si México puede intervenir. Otros países como Nicaragua y Colombia han hecho solicitudes similares, invocando el artículo 63 de la Convención sobre Genocidio.
Medidas Cautelares y Situación en Gaza
A petición de Sudáfrica, la CIJ ha ordenado medidas cautelares contra Israel, incluyendo la suspensión inmediata de su ofensiva militar en Rafah, un área estratégica al sur de Gaza. Además, la Corte ha exigido la apertura de corredores humanitarios para mitigar el impacto de la guerra en la población civil.
La situación en Rafah es crítica, con reportes recientes de bombardeos que han dejado decenas de muertos y alrededor de un millón de palestinos desplazados en las últimas semanas. Tanto la CIJ como el gobierno mexicano han advertido sobre una potencial “catástrofe humanitaria” en la región.
La solicitud de intervención de México en la CIJ podría marcar un importante precedente en la aplicación del derecho internacional y la defensa de los derechos humanos en conflictos armados. La decisión de la CIJ sobre esta solicitud se espera con gran interés en la comunidad internacional.
