Represión policial Lima
En Lima, una nueva jornada de protestas liderada por jóvenes contra el gobierno de Dina Boluarte fue reprimida de forma violenta por la Policía Nacional. La manifestación, que buscaba expresar el rechazo social a las políticas autoritarias del régimen, terminó con enfrentamientos, heridos y denuncias de abuso. Esta represión policial en Lima refleja un patrón sistemático de violencia institucional que persiste desde el inicio de la gestión de Boluarte.
Represión policial Lima
En Lima, una nueva jornada de protestas liderada por jóvenes contra el gobierno de Dina Boluarte fue reprimida de forma violenta por la Policía Nacional. La manifestación, que buscaba expresar el rechazo social a las políticas autoritarias del régimen, terminó con enfrentamientos, heridos y denuncias de abuso. Esta represión policial en Lima refleja un patrón sistemático de violencia institucional que persiste desde el inicio de la gestión de Boluarte.
Descontento juvenil y cerco policial en la Plaza San Martín
La represión policial en Lima se hizo evidente el 21 de septiembre de 2025, cuando un numeroso grupo de jóvenes se reunió en la Plaza San Martín para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte. La jornada reveló el creciente malestar ciudadano. La marcha intentó avanzar hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, pero un fuerte operativo policial bloqueó todos los accesos. En lugar de garantizar el derecho a protestar, la Policía Nacional del Perú (PNP) lanzó gases lacrimógenos y disparó directamente al cuerpo de los manifestantes, generando escenas de violencia. Esta reacción no fue un hecho aislado. Forma parte de una política sistemática que ha convertido a las fuerzas del orden en instrumentos de represión.
📜 Línea de tiempo
Diciembre de 2022
Inicio del gobierno de Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo
Dina Boluarte asume la presidencia del Perú mediante sucesión constitucional, pero su mandato carece de legitimidad social, lo que desata una ola de protestas con cinco demandas clave: renuncia presidencial, elecciones anticipadas, liberación de Castillo, disolución del Congreso y nueva constitución.
Enero de 2023
Masacre de Ayacucho y ascenso de Alberto Otárola
El ejército dispara más de 1.200 cartuchos contra manifestantes en Ayacucho. Tras estos hechos, Alberto Otárola, entonces Ministro de Defensa, es nombrado Premier. Se documentan violaciones a derechos humanos con posible sesgo racista.
2025
Promulgación de ley de amnistía y cierre de la DIVIAC
Boluarte promulga una ley de amnistía para militares y policías implicados en la represión, desobedeciendo a la Corte IDH. En septiembre, se cierra la unidad policial DIVIAC, lo que genera denuncias de obstrucción a la justicia.
21 de septiembre de 2025
Marcha de la Generación Z y represión en Lima
Jóvenes protestan en Lima contra el gobierno de Boluarte. La policía reprime con gases lacrimógenos y disparos al cuerpo. La movilización es bloqueada en los accesos al Congreso y al Poder Ejecutivo, reflejando el uso sistemático de la fuerza contra manifestaciones.
La militarización de Los Ángeles
Por Perspectiva Internacional – 12 de junio de 2025 El regreso de la política del miedo de Trump Las calles
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Violencia estatal como estrategia del poder
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, el Estado peruano ha enfrentado las protestas sociales con una violencia cuidadosamente orquestada. Tanto informes independientes como documentos oficiales coinciden en que la represión fue planificada desde las altas esferas del poder. Los planes operativos de la PNP y del Ejército incluían el uso de armas letales, consideraban a los manifestantes como enemigos y aplicaban tácticas propias de escenarios bélicos en zonas civiles. En lugares como Ayacucho y Puno, se reportó el uso de más de 1.200 cartuchos por parte de las fuerzas armadas, todo bajo órdenes verbales y sin lineamientos claros. Esa forma de actuar demuestra que el aparato estatal ha sido orientado a silenciar la disidencia en lugar de servir a la población. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado sistemáticamente estos abusos, señalando la impunidad con la que operan las fuerzas del orden.
Petro vs Duque: el conflicto político que marcó a Colombia
El conflicto Petro Duque evidenció una fractura generacional y política en Colombia con impacto global tras la pandemia.
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Responsabilidad directa del gobierno en la represión
Como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía, la presidenta Boluarte ha adoptado una postura permisiva, e incluso alentadora, frente a los actos represivos. En lugar de investigar o sancionar los excesos, ha promovido a quienes encabezaron operativos letales y ha impulsado leyes de amnistía que dificultan el acceso a la justicia. Las actas del Consejo de Ministros muestran una preocupante falta de reacción institucional ante las muertes, mientras que diversos testimonios y registros contradicen su intento de desvincularse de las decisiones militares. Actualmente, la Fiscalía la investiga por posibles delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Organismos como Amnistía Internacional advierten que podría haber incurrido en responsabilidad por omisión deliberada. No se trató de errores aislados: la represión fue una decisión política.
Consecuencias sociales de la violencia institucional
La violencia ejercida desde el Estado ha dejado una marca dolorosa en el tejido social del Perú. La pérdida de vidas humanas—en su mayoría jóvenes, indígenas y campesinos—ha profundizado la histórica desconexión entre el Estado central y las regiones más olvidadas. Las manifestaciones no solo exigían reformas políticas, sino que también canalizaban un profundo cansancio frente a un sistema que excluye y castiga. Ante ese clamor, la respuesta oficial fue utilizar a la policía como un mecanismo de control, orientado a reprimir la organización colectiva y a imponer disciplina social. Este enfoque no solo debilita la democracia, sino que perpetúa una cultura de impunidad que impide avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.
EE. UU. en ebullición
Por Perspectiva Internacional – 14 de junio de 2025 El movimiento ‘No Kings’ desafía el autoritarismo de Trump Una ola
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Policía y autoritarismo: una alianza peligrosa
En el contexto actual del Perú, la policía ha dejado de ser una institución dedicada a proteger a la ciudadanía para convertirse en la herramienta de una visión autoritaria que castiga la disidencia. Bajo gobiernos conservadores como el de Boluarte, las fuerzas del orden han sido utilizadas para consolidar un control autoritario que se disfraza de legalidad. La criminalización de las protestas, la estigmatización de quienes se manifiestan y la creciente militarización del espacio público revelan a un Estado que teme a su propia población. Esta forma de ejercer el poder no solo reprime cuerpos, sino también ideas, sueños y derechos fundamentales. Mientras no se reconozca esta deriva autoritaria y se reformen las instituciones bajo principios auténticamente democráticos, el país seguirá atrapado en un ciclo de violencia oficial y resistencia ciudadana. En América Latina, quizás ha llegado el momento de escuchar por qué llora el niño, en lugar de seguir empeñados en silenciar su llanto.
