La reciente renovación de una sección clave del marco de Ley de Vigilancia Estadounidense tiene resonancias significativas no solo en Europa, sino también en otras partes del mundo, incluida Argentina.
En abril de este año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por dos años la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) de 1978. Esta ley permite la vigilancia y recopilación de datos sin orden judicial de no estadounidenses en todo el mundo, incluidos los europeos. Originalmente introducida en 2008 para adaptarse a la evolución de la tecnología, esta sección ha sido la base legal para programas de vigilancia masiva como PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), cuya existencia fue revelada por Edward Snowden en 2013.
Los programas bajo FISA, como PRISM, exigen a gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft, Amazon y Google que proporcionen acceso a las cuentas de los no estadounidenses investigados, sin necesidad de una orden judicial. Esto ha generado una gran preocupación en Europa, donde el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone restricciones estrictas sobre el manejo y la transferencia de datos personales.
Max Schrems, abogado austriaco y activista de la privacidad, destacó que los datos de los europeos están básicamente a disposición de los servicios de vigilancia estadounidenses. Aunque el RGPD es considerado la “ley de privacidad y seguridad más dura del mundo”, parece tener poco peso frente a las autorizaciones de vigilancia otorgadas por la FISA.
Impacto en Argentina
Argentina, al igual que otros países, no es inmune a las implicancias de esta ley de vigilancia estadounidense. La dependencia global de servicios tecnológicos provistos por empresas estadounidenses significa que los datos de los ciudadanos argentinos también podrían estar sujetos a esta vigilancia sin que exista una protección equivalente a la del RGPD europeo. En un mundo cada vez más interconectado, donde la digitalización de la información y los servicios en la nube son la norma, las prácticas de vigilancia en Estados Unidos tienen un alcance que trasciende fronteras.
El caso de Schrems y las continuas anulaciones de decisiones sobre la equivalencia de protección de datos entre la UE y EE.UU. ilustran los desafíos que enfrentan los países al tratar de proteger la privacidad de sus ciudadanos en un entorno globalizado. Para Argentina, esto subraya la necesidad de fortalecer sus propias leyes de protección de datos y de participar en el diálogo internacional sobre estándares de privacidad.
Además, las empresas argentinas que operan internacionalmente o que utilizan servicios en la nube de proveedores estadounidenses deben ser conscientes de estas dinámicas y considerar medidas adicionales para proteger los datos de sus clientes. La discusión sobre la privacidad de los datos como un derecho humano fundamental cobra relevancia en este contexto, y es crucial que Argentina avance en la implementación de políticas robustas que resguarden este derecho.
En conclusión, la renovación de la sección 702 de la FISA no solo afecta a Europa sino que también tiene profundas implicaciones para Argentina y otros países que dependen de la infraestructura tecnológica estadounidense. Es un llamado a la acción para reforzar las leyes de privacidad y proteger los datos personales en una era de vigilancia global.
