Análisis político internacional | Perspectiva Internacional
Lima, 11 de octubre de 2026
Keiko Fujimori descubre que ganar la presidencia no significa controlar el poder
La llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú ha invertido los términos de una ecuación política que durante años marcó la vida institucional del país. La dirigente de Fuerza Popular, acostumbrada a utilizar el poder parlamentario para condicionar, bloquear y debilitar a gobiernos adversarios, descubre ahora que controlar el Ejecutivo no garantiza disponer de los votos necesarios para gobernar.
Apenas dos meses después de asumir la presidencia, Fujimori enfrenta su primer revés legislativo de importancia. El Congreso rechazó buena parte de las facultades extraordinarias que su Gobierno había solicitado para implementar su programa de seguridad y acelerar reformas económicas y administrativas. El episodio revela una debilidad política que podría condicionar el rumbo de su administración: la ausencia de una mayoría parlamentaria propia y la fragilidad de sus alianzas.
Un Congreso que ya no responde a sus órdenes
El resultado de la votación constituye algo más que una derrota legislativa. Representa un cambio significativo en la posición de Fuerza Popular dentro del sistema político peruano.
El Gobierno había solicitado autorización para legislar por decreto durante 120 días en distintas materias, con una propuesta que incluía 66 medidas. Sin embargo, los diputados redujeron ese paquete a apenas 20 iniciativas y acortaron el plazo a 90 días.
La Cámara de Diputados ratificó el recorte por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, después de una extensa sesión parlamentaria y de negociaciones que no consiguieron reconstruir el consenso pretendido por el Ejecutivo.
Las facultades aprobadas se concentran principalmente en la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y la extorsión, así como en la respuesta al fenómeno de El Niño costero. También contemplan medidas vinculadas con los controles migratorios, las armas y el sistema penitenciario.
El primer revés legislativo que complica la agenda de Fujimori
En cambio, quedaron excluidas algunas de las propuestas más controvertidas de Fujimori, entre ellas la participación directa de las Fuerzas Armadas en la custodia de las cárceles y una ampliación de determinadas capacidades de inteligencia.
El Gobierno sostiene que esas herramientas son necesarias para enfrentar una crisis de seguridad que golpea a distintas regiones del país. Sus adversarios, en cambio, advierten sobre los riesgos de concentrar atribuciones extraordinarias sin controles suficientes.
El desenlace deja una primera conclusión: Fujimori puede fijar las prioridades de su Gobierno, pero no dispone de la fuerza parlamentaria necesaria para imponerlas por sí sola.
La paradoja del fujimorismo: del control del Congreso a la negociación obligatoria
La situación actual contrasta con el papel que desempeñó Fuerza Popular durante la última década.
En 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, el partido de Fujimori obtuvo 73 de los 130 escaños del entonces Congreso unicameral. Esa mayoría le permitió ejercer una presión constante sobre el Ejecutivo, censurar ministros y bloquear iniciativas gubernamentales.
La confrontación institucional continuó durante los gobiernos posteriores. El fujimorismo participó, solo o mediante alianzas, en procesos que contribuyeron a la salida anticipada de distintos presidentes, en un país caracterizado por la fragmentación partidaria y la recurrente inestabilidad política.
Durante aquellos años, la capacidad de Fuerza Popular para construir mayorías circunstanciales le permitió ejercer una influencia que excedía su representación electoral.
Keiko Fujimori y la difícil construcción de una mayoría en el Congreso peruano
Ahora, sin embargo, la situación es diferente. El partido cuenta con 41 de los 130 diputados y 22 de los 60 senadores. Aunque constituye la principal fuerza parlamentaria, está lejos de controlar por sí solo ambas cámaras.
La paradoja es evidente: la dirigente que convirtió la capacidad de presión legislativa en una de las principales herramientas de su poder político debe aprender ahora a gobernar bajo las mismas restricciones que durante años impuso a sus adversarios.
La negociación dejó de ser un instrumento para condicionar al Gobierno y se convirtió en una necesidad para la propia supervivencia política del oficialismo.
Alianzas frágiles y una derecha que no garantiza obediencia
Uno de los aspectos más significativos de la votación fue la resistencia de sectores que, en principio, podían considerarse aliados de Fujimori.
Renovación Popular, la fuerza de derecha vinculada a Rafael López Aliaga, se sumó a otras agrupaciones para limitar las atribuciones solicitadas por el Ejecutivo. El episodio mostró que la afinidad ideológica no se traduce necesariamente en disciplina parlamentaria.
La democracia peruana ante el desafío de construir mayorías estables
La disputa también dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para mantener cohesionada a su propia bancada. De los 41 diputados de Fuerza Popular, 34 terminaron respaldando el texto reducido y siete se abstuvieron. El oficialismo tuvo que aceptar una versión de su propuesta que previamente había intentado modificar.
El primer ministro, Luis Galarreta, conoce bien este terreno. Durante su trayectoria parlamentaria participó en una etapa en la que el fujimorismo ejercía una fuerte presión sobre el Ejecutivo. Ahora debe negociar con otros partidos para obtener las autorizaciones que el Gobierno considera indispensables.
El cambio de roles no es menor. La experiencia de oposición no garantiza automáticamente la capacidad de construir consensos desde el poder. Una cosa es reunir votos para bloquear decisiones ajenas y otra muy distinta es articular una mayoría estable para desarrollar un programa de Gobierno.
La dificultad de Fujimori reside, precisamente, en transformar una red de alianzas coyunturales en una coalición legislativa capaz de sostener decisiones durante toda su administración.
Seguridad pública y derechos humanos: el debate de fondo
La lucha contra la inseguridad constituye el principal eje político del Gobierno. La extorsión, el sicariato y la expansión de las organizaciones criminales han convertido la seguridad ciudadana en una preocupación central para amplios sectores de la sociedad peruana.
Fujimori llegó a la presidencia con la promesa de adoptar medidas firmes frente a esa situación. Por eso, las restricciones impuestas por el Congreso tienen también una dimensión política: limitan la capacidad de la presidenta para mostrar resultados rápidos en uno de los temas que sustentan su legitimidad.
Sin embargo, el debate no se reduce a una disputa entre eficacia y obstrucción parlamentaria.
La discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las cárceles y la ampliación de las facultades de inteligencia reabre interrogantes sobre los límites del poder estatal, el control civil de las instituciones de seguridad y las garantías constitucionales.
Fujimori descubre los límites del poder que antes utilizaba contra sus adversarios
La historia del fujimorismo pesa inevitablemente sobre esta discusión. El Gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, estuvo marcado por graves violaciones de los derechos humanos y prácticas autoritarias que dejaron una profunda huella en la política peruana.
Para los sectores críticos, conceder amplias atribuciones extraordinarias exige mecanismos de supervisión que impidan abusos. Para el Ejecutivo, las restricciones parlamentarias pueden dificultar la respuesta frente a una criminalidad que demanda acciones urgentes.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la obligación de respetar el Estado de derecho. Si la estrategia gubernamental se presenta exclusivamente como una confrontación con el Congreso, Fujimori corre el riesgo de convertir un problema de gestión en una crisis política permanente.
El Senado, la próxima batalla política
La derrota en la Cámara de Diputados no cierra la discusión. El Senado aparece ahora como un escenario donde el Gobierno podría recuperar parte de las atribuciones que no consiguió obtener en la primera votación.
Fuerza Popular cuenta con 22 de los 60 escaños de esa cámara. Un eventual acuerdo con los ocho representantes de Renovación Popular la dejaría a un voto de la mayoría absoluta, aunque ese acercamiento no garantiza por sí mismo el respaldo necesario para cada iniciativa.
De la confrontación a la negociación: el dilema político de Keiko Fujimori
La presidenta deberá reconstruir los acuerdos, negociar modificaciones y ofrecer garantías a sectores que ya demostraron su disposición a marcar diferencias con el oficialismo.
Esta instancia será una prueba decisiva para determinar si el revés parlamentario constituye un episodio aislado o el comienzo de una relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Si Fujimori logra construir acuerdos duraderos, podrá utilizar el Senado para recomponer parcialmente su agenda. Si vuelve a fracasar, la distancia entre sus promesas electorales y sus posibilidades reales de gobierno podría ampliarse.
El riesgo de una parálisis institucional es particularmente relevante en Perú, donde los enfrentamientos entre los poderes del Estado han contribuido durante años a la inestabilidad política y al deterioro de la confianza ciudadana.
Una lección para el sistema político peruano
El episodio también refleja un problema estructural de la democracia peruana: la fragmentación del sistema de partidos y la dificultad para construir mayorías estables.
La presidencia otorga iniciativa política, visibilidad pública y capacidad de conducción administrativa, pero no elimina la necesidad de acuerdos parlamentarios. En un Congreso dividido, incluso un partido que constituye la primera fuerza puede encontrarse en minoría frente a una coalición circunstancial de adversarios y antiguos aliados.
La batalla entre el Ejecutivo y el Congreso pone a prueba la gobernabilidad
La experiencia de Fujimori demuestra, además, que el poder legislativo puede funcionar de manera muy diferente según la posición que ocupe una fuerza política. Quienes defendieron durante años las atribuciones del Congreso para controlar al Ejecutivo deben aceptar ahora que ese mismo poder parlamentario limite sus propias decisiones.
La oposición, por su parte, también enfrenta una responsabilidad. Controlar al Gobierno es una función esencial del Parlamento, pero la fragmentación de las bancadas puede dificultar la adopción de políticas públicas en áreas que requieren respuestas urgentes.
El desafío no consiste en garantizarle al Ejecutivo una mayoría automática, sino en establecer mecanismos de negociación que permitan compatibilizar la eficacia gubernamental con los controles democráticos.
Conclusión: del poder de bloquear al desafío de gobernar
El primer gran revés legislativo de Keiko Fujimori expone los límites de una estrategia política construida durante años alrededor del control parlamentario y la capacidad de presión.
La presidenta deberá demostrar que puede hacer algo que durante mucho tiempo no fue la principal característica de su partido: construir consensos que sobrevivan a las disputas coyunturales.
Su margen de maniobra dependerá de tres factores: la evolución de la inseguridad ciudadana, su capacidad para mantener cohesionada a la derecha parlamentaria y la disposición de otras fuerzas políticas a negociar reformas sin renunciar al control democrático del poder.
Fujimori frente a su primera gran prueba: negociar o arriesgarse a la parálisis
El resultado de las próximas votaciones será decisivo para evaluar si Fujimori consigue transformar su victoria electoral en capacidad efectiva de gobierno.
Perú: el precio de gobernar sin mayoría
En definitiva, ganar la presidencia no equivale a controlar el Estado, del mismo modo que ser la primera fuerza parlamentaria no garantiza disponer de una mayoría. La nueva etapa política peruana enfrenta a Keiko Fujimori con una lección que su partido ayudó a imponer a sus antecesores: en una democracia fragmentada, el poder no se ejerce únicamente mediante la fuerza de los votos propios, sino también a través de la capacidad de negociar con quienes no están dispuestos a obedecer.
