Por Perspectiva Internacional
Washington, 16 de setiembre de 2026
El Supremo frena una ofensiva sobre el voto por correo, pero la disputa por el control de las elecciones continúa
Washington atraviesa una nueva etapa de tensión institucional a medida que se aproximan las elecciones legislativas de noviembre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una iniciativa de la Administración de Donald Trump destinada a imponer nuevas condiciones al voto por correo. La decisión representa un límite judicial a la estrategia de la Casa Blanca, aunque no pone fin a la disputa más amplia sobre las reglas electorales y el papel del Gobierno federal.
El fallo se produjo por una mayoría de siete jueces contra dos, y fue redactado por el magistrado Brett Kavanaugh, designado por Trump durante su primer mandato. Sin embargo, el tribunal no se pronunció sobre el fondo de todas las cuestiones planteadas por la Administración: determinó fundamentalmente que un cambio de semejante alcance no podía implementarse cuando faltaban apenas 49 días para las elecciones.
La batalla por las elecciones de EE.UU. llega al corazón de sus instituciones
La decisión adquiere especial relevancia porque el voto por correo constituye una parte significativa del sistema electoral estadounidense. Según la información publicada por El País, aproximadamente un tercio de los electores utiliza esta modalidad y existen Estados en los que prácticamente toda la votación se desarrolla mediante sufragio por correspondencia.
Una batalla que va mucho más allá del voto por correo
El enfrentamiento entre Trump y las autoridades electorales estatales no se limita a la cuestión del correo.
La Administración viene impulsando una estrategia destinada a aumentar la intervención federal sobre un sistema electoral que, constitucionalmente, otorga un papel central a los Estados. Entre las iniciativas mencionadas se encuentran las presiones sobre funcionarios electorales, litigios contra determinados Estados, intentos de modificar distritos electorales y el impulso de nuevas normas federales para establecer requisitos adicionales para registrarse y votar.
Quién establece las reglas electorales
La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién establece las reglas electorales en Estados Unidos: los Estados, como ha sido tradicionalmente, o un Gobierno federal con mayores atribuciones.
Trump ha expresado incluso su intención de «nacionalizar» las elecciones. La Administración sostiene que necesita mayor acceso a los registros electorales para combatir eventuales irregularidades, verificar los sistemas de votación y evitar que personas que no sean ciudadanos participen en los comicios. La información de la noticia señala, sin embargo, que los análisis existentes consideran que el voto de no ciudadanos es residual y no tiene incidencia significativa sobre los resultados.
La incertidumbre como elemento político
Uno de los aspectos más significativos de esta disputa es el efecto que genera sobre la confianza en el proceso electoral.
La controversia sobre el voto por correo, las modificaciones de las reglas y los enfrentamientos judiciales se producen mientras algunos Estados ya han comenzado sus períodos de votación anticipada. Las sucesivas disputas pueden generar incertidumbre tanto entre los electores como entre los funcionarios encargados de administrar los comicios.
El antecedente de 2020 permanece inevitablemente presente.
Trump continúa cuestionando aquel resultado electoral, cuando Joe Biden obtuvo la victoria presidencial, y la actual discusión vuelve a colocar en el centro del debate la legitimidad del sistema electoral estadounidense.
El problema no es únicamente jurídico
En este contexto, el problema no es únicamente jurídico. También tiene una dimensión política e institucional: la confianza de los ciudadanos en que las elecciones constituyen un mecanismo legítimo para resolver la competencia por el poder.
El frente del mapa electoral
Otro componente de la estrategia es la disputa por el rediseño de los distritos electorales.
El llamado gerrymandering —la manipulación de los límites de los distritos con objetivos políticos— forma parte desde hace décadas de la política estadounidense. La Administración Trump ha presionado para impulsar modificaciones que puedan favorecer a los republicanos, aunque no todos esos intentos han tenido éxito.
El propio Tribunal Supremo ha intervenido recientemente en esta disputa. Según la información publicada, la semana pasada rechazó un mapa electoral de Wisconsin que favorecía a los republicanos.
Esto muestra una cuestión particularmente relevante: el Supremo no actúa necesariamente como un bloque político homogéneo, incluso cuando una mayoría conservadora fue configurada parcialmente durante la presidencia de Trump.
Los tres jueces designados por Trump votaron en contra del Gobierno
La decisión sobre el voto por correo constituye otro ejemplo. Los tres jueces designados por Trump —Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett— votaron junto con la mayoría y en contra de la posición defendida por el Gobierno.
El enfrentamiento con el propio Tribunal Supremo
La reacción presidencial al fallo fue particularmente dura.
Trump volvió a cuestionar públicamente al Tribunal Supremo y criticó a los tres magistrados que él mismo había designado. La situación resulta políticamente significativa porque evidencia una tensión creciente entre la Casa Blanca y una institución que, al mismo tiempo, ha adoptado decisiones favorables y desfavorables a las posiciones del presidente.
El episodio plantea una cuestión de fondo para el sistema político estadounidense: hasta dónde puede llegar la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sin afectar la autoridad institucional de ambos.
En juego la division de poderes
La relación entre Trump y el Supremo es, en consecuencia, más compleja que una simple división entre «jueces conservadores» y «presidente republicano». Las decisiones recientes muestran que los magistrados pueden coincidir con la Administración en determinadas cuestiones y separarse de ella en otras.
La SAVE America Act y el debate sobre quién puede votar
La otra gran batalla se desarrolla en el Senado alrededor de la denominada SAVE America Act, una propuesta de reforma electoral que busca endurecer los requisitos para registrarse y votar.
Entre las medidas contempladas aparecen mayores exigencias para acreditar la ciudadanía al registrarse y la obligación de presentar documentos de identidad con fotografía para votar. La iniciativa enfrenta críticas de sectores demócratas y organizaciones que sostienen que podría dificultar la participación de millones de ciudadanos, especialmente en un país que no posee un documento nacional de identidad obligatorio y donde una parte importante de la población no cuenta con pasaporte.
La disputa refleja uno de los conflictos tradicionales de la democracia estadounidense: el equilibrio entre garantizar la integridad electoral y evitar que los requisitos administrativos terminen excluyendo a ciudadanos habilitados para votar.
El debate politico esta en el Senado
Ambas posiciones forman parte del debate político. Los defensores de mayores controles los presentan como mecanismos para reforzar la seguridad y confiabilidad de las elecciones, mientras que sus críticos advierten sobre posibles obstáculos al ejercicio del sufragio.
El fantasma de la presencia federal en los centros de votación
Existe además preocupación por una eventual presencia de agentes federales en los lugares de votación.
La Administración ha negado que vaya a desplegar tropas o agentes migratorios en los colegios electorales durante las midterms. Sin embargo, la cuestión ya forma parte del debate político. Los demócratas anunciaron un programa para capacitar a 10.000 voluntarios ante la eventual presencia de agentes del ICE, mientras que el director del FBI, Kash Patel, no descartó explícitamente durante una comparecencia ante el Senado el empleo de agentes de esa agencia el día de las elecciones.
A esto se suman las presiones ejercidas sobre funcionarios estatales. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llegó a advertir que quienes no colaboren con determinadas iniciativas federales podrían enfrentar consecuencias penales. Asimismo, FEMA ha amenazado con retirar fondos federales vinculados con la prevención del terrorismo a Estados que no se ajusten a los planes electorales de la Administración.
Una disputa que trasciende las elecciones de noviembre
Las elecciones legislativas de noviembre constituyen el escenario inmediato de esta confrontación, pero el conflicto plantea interrogantes que van mucho más allá de una elección concreta.
Estados Unidos atraviesa una discusión sobre la arquitectura misma de su sistema electoral, la distribución de competencias entre Washington y los Estados, la autonomía de los organismos electorales y el papel de los tribunales como árbitros de las reglas del juego.
El fallo del Supremo demuestra que existen límites jurídicos a las iniciativas de la Casa Blanca. Pero también muestra que la disputa continúa abierta en otros terrenos: la legislación electoral, los registros de votantes, el diseño de los distritos, la administración de los comicios y el papel de las agencias federales.
Trump y el sistema electoral de EE.UU.: el Supremo marca un límite a la Casa Blanca
La cuestión central será entonces si las elecciones de noviembre se desarrollarán únicamente como una competencia entre partidos o si, además, terminarán convirtiéndose en una nueva prueba para la fortaleza institucional de la democracia estadounidense.
En ese sentido, el fallo del Supremo puede interpretarse como un límite puntual, pero no necesariamente como el final de una batalla mucho más amplia por las reglas mediante las cuales Estados Unidos organiza, administra y legitima sus elecciones.
