Por Perspectiva Internacional
San Salvador, 10 de agosto de 2026
La mano dura de Bukele entra en conflicto con el Estado de derecho
El modelo de seguridad impulsado por Nayib Bukele en El Salvador vuelve a quedar bajo el escrutinio internacional. La estrategia que permitió al Gobierno reducir drásticamente los niveles de violencia y recuperar el control territorial frente a las pandillas enfrenta ahora una de sus mayores controversias: la forma en que miles de personas detenidas durante el régimen de excepción están siendo juzgadas.
La justicia bajo presión: el lado oscuro del modelo de seguridad de Bukele
Investigaciones periodísticas, expedientes judiciales y testimonios de abogados defensores revelan un sistema de juicios masivos en el que las garantías procesales aparecen seriamente cuestionadas. Las acusaciones se apoyan, en numerosos casos, en fichas policiales cuya elaboración y autenticidad no pueden ser verificadas, denuncias anónimas y testimonios de personas protegidas. A ello se suma el carácter reservado de buena parte de los procesos.
Miles de detenidos, juicios masivos y una pregunta incómoda: ¿dónde queda la justicia?
El problema adquiere una dimensión extraordinaria por la magnitud de la operación. Desde marzo de 2022, más de 92.000 personas fueron detenidas bajo el régimen de excepción. Los juicios masivos, iniciados a fines de 2025, buscan procesar a miles de esos detenidos. Cuatro expedientes analizados en la investigación reúnen a 1.226 acusados: 134 por organizaciones terroristas y 1.092 por agrupaciones ilícitas. La mayoría llevaba entre tres y cuatro años en prisión preventiva.
La sospecha convertida en prueba
Uno de los aspectos más preocupantes es el peso que parecen tener las denominadas “fichas policiales”. Según los abogados consultados, en numerosos casos la principal evidencia para justificar una detención consiste en que la persona aparezca registrada en los sistemas policiales como supuesto integrante o colaborador de una pandilla.
Cuando la seguridad desplaza a la justicia: el dilema del modelo
Sin embargo, los expedientes analizados no explican necesariamente cuándo, cómo ni sobre la base de qué información se confeccionaron esas fichas. Los defensores aseguran incluso haber solicitado peritajes destinados a determinar su fecha de creación, pero sostienen que los tribunales rechazaron esas peticiones.
El modelo bajo la lupa: miles de detenidos y dudas sobre la justicia
El caso resulta especialmente significativo porque algunos de los detenidos ni siquiera fueron capturados mientras cometían un delito. La investigación documenta situaciones en las que personas fueron arrestadas durante patrullajes policiales por encontrarse en zonas consideradas vinculadas con pandillas o por aparecer posteriormente identificadas en registros policiales.
El riesgo es evidente: cuando una clasificación policial se transforma en prueba prácticamente irrefutable, la presunción de inocencia puede quedar desplazada por una lógica de sospecha permanente.
Una defensa debilitada
Los abogados consultados describen un escenario todavía más grave: la desigualdad entre la Fiscalía y la defensa.
Según sus testimonios, los defensores no siempre tienen acceso al expediente completo y, en determinados casos, reciben la acusación apenas uno o dos días antes de la audiencia. Esto limita seriamente la posibilidad de preparar una estrategia, localizar pruebas y convocar testigos.
A ello se suma el temor de familiares y posibles testigos de descargo. En un contexto en el que defender públicamente a un acusado puede generar sospechas sobre quien lo hace, la defensa queda aún más debilitada.
Seguridad a costa de las garantías judiciales
El resultado es un sistema en el que, según los abogados entrevistados, Fiscalía y tribunales parecen orientados fundamentalmente hacia la condena y no hacia una evaluación equilibrada de las pruebas. Algunos defensores han llegado incluso a renunciar a intervenir activamente en determinados procesos y esperar a la instancia de apelación.
El dilema del modelo Bukele
El caso salvadoreño plantea una discusión que excede ampliamente las fronteras del país.
Durante años, América Latina ha enfrentado una disyuntiva entre dos prioridades: responder con firmeza a organizaciones criminales capaces de desafiar al Estado y, al mismo tiempo, preservar las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos.
El modelo de Bukele ha convertido a El Salvador en un referente internacional de las políticas de mano dura. La reducción de la violencia y la recuperación del control estatal sobre territorios anteriormente dominados por las pandillas le han otorgado al Gobierno un considerable respaldo popular.
Pero precisamente por su influencia regional, las consecuencias institucionales del modelo adquieren una importancia mayor.
Entre la lucha contra las pandillas y la erosión del Estado de derecho
La seguridad no puede ser entendida únicamente como la ausencia de homicidios. También implica la existencia de tribunales independientes, procedimientos transparentes, derecho a la defensa y mecanismos capaces de distinguir entre quienes efectivamente cometieron delitos y quienes fueron detenidos por sospechas o errores.
Cuando el Poder Ejecutivo interviene en la justicia
La controversia se vuelve todavía más profunda a partir de la existencia de un supuesto equipo encargado de revisar los casos de detenidos durante el régimen de excepción.
Según declaraciones de Ibrajim Bukele, hermano del presidente, ese equipo revisaría individualmente los casos y tendría capacidad para determinar quién debe recuperar la libertad. En su composición participarían personas vinculadas al Ejecutivo, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, Centros Penales y el despacho de la Primera Dama.
La cuestión institucional es delicada:
¿quién decide sobre la libertad de una persona, un tribunal independiente o una estructura política vinculada al Poder Ejecutivo?
Incluso la admisión de que podría haber personas inocentes entre los miles de detenidos resulta políticamente significativa. Durante buena parte de la vigencia del régimen de excepción, el discurso oficial ha presentado a los detenidos fundamentalmente como integrantes o colaboradores de las pandillas.
Reconocer la posibilidad de errores judiciales implica admitir que la política de seguridad también puede producir víctimas inocentes.
El costo internacional de la seguridad sin garantías
Organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y otras violaciones cometidas durante el régimen de excepción. En marzo de 2026, un grupo de expertos llevó sus acusaciones ante Naciones Unidas y habló de posibles crímenes de lesa humanidad.
Las denuncias adquieren especial relevancia porque los derechos humanos no son una cuestión exclusivamente doméstica. El Salvador, como Estado, está sometido a obligaciones internacionales que incluyen el respeto de las garantías judiciales y el debido proceso.
Por eso, la discusión sobre los juicios masivos trasciende la figura de Bukele. El verdadero debate es qué límites debe tener un Estado cuando enfrenta una amenaza criminal de grandes dimensiones.
El precio de la mano dura: dudas y denuncias sobre la justicia salvadoreña
La experiencia salvadoreña ofrece una advertencia para América Latina: la eficacia de una política de seguridad no puede medirse solamente por el número de delincuentes encarcelados o por la caída de los homicidios, sino también por la capacidad del Estado para garantizar que quienes son privados de su libertad hayan sido efectivamente sometidos a un proceso justo.
Una encrucijada para América Latina
El Salvador se encuentra así ante una encrucijada.
El éxito inicial de la estrategia contra las pandillas convirtió a Bukele en uno de los líderes políticos más influyentes de la región y en un modelo para sectores que reclaman respuestas más contundentes frente al crimen organizado.
Pero la consolidación de ese modelo puede depender ahora de su capacidad para demostrar que la seguridad y el Estado de derecho no son objetivos incompatibles.
Si miles de personas terminan condenadas sobre la base de pruebas cuya autenticidad no puede ser comprobada, con defensas debilitadas y procesos desarrollados bajo reserva, el costo institucional puede ser enorme.
El experimento Bukele enfrenta su mayor prueba: combatir el crimen sin destruir las garantías
La lucha contra el crimen organizado exige Estados fuertes. Pero un Estado fuerte no es necesariamente un Estado que puede detener y condenar sin controles. La verdadera fortaleza institucional se demuestra cuando el poder público es capaz de combatir al delito sin abandonar las garantías que justifican la existencia misma del Estado de derecho.
El desafío para El Salvador —y también para el resto de América Latina— consiste precisamente en encontrar ese equilibrio.
