Por perspectiva Internacional

30 de diciembre de 2025
Colombia ante un experimento económico decisivo: aumento salarial, reforma laboral y deuda fiscal
A pocos meses del cierre de su mandato y en la antesala de un decisivo ciclo electoral en 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado su ofensiva económica más ambiciosa y polémica. Un aumento histórico del salario mínimo, la puesta en marcha de una profunda reforma laboral y la declaración de una emergencia económica para impulsar una reforma tributaria por decreto conforman una triple estrategia que busca mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos, pero también consolidar un legado político y asegurar continuidad para el proyecto de izquierda.
La apuesta no ha pasado inadvertida. Mientras los sindicatos celebran lo que consideran una victoria histórica, los gremios empresariales, la oposición política y buena parte de los economistas advierten sobre riesgos inflacionarios, pérdida de empleo y mayor informalidad.
Un salario mínimo “vital” en máximos históricos
El anuncio más resonante fue el aumento del salario mínimo del 23,8 %, el mayor de las últimas décadas. La decisión, tomada por decreto tras el fracaso de las negociaciones entre empresarios y sindicatos, eleva el ingreso mensual a dos millones de pesos colombianos, incluyendo el subsidio de transporte, beneficiando directamente a más de 2,4 millones de trabajadores formales.
Entre la justicia social y el riesgo macroeconómico: la última jugada de Gustavo Petro
Petro defendió la medida con un giro conceptual: propuso dejar de hablar de salario mínimo individual y avanzar hacia la noción de un “salario mínimo vital familiar”, pensado para sostener hogares de tres o cuatro personas. Aunque reconoció que la suba ejercerá presión sobre los precios, la justificó como un paso necesario para “democratizar la riqueza” en uno de los países más desiguales de América Latina.
Reforma laboral: más derechos, más costos
En paralelo, el Gobierno comenzó a implementar varios puntos centrales de la reforma laboral aprobada en junio, una de las banderas históricas del petrismo. Entre los cambios más relevantes se destacan:
- La ampliación de la jornada nocturna, que ahora comienza a las 7 de la tarde y no a las 9, con el correspondiente recargo salarial.
- El aumento progresivo del pago por trabajo en días festivos, que llegará al 100 % en dos años.
- Nuevos derechos laborales para sectores específicos, como los estudiantes de medicina, que desde 2026 cobrarán un salario mínimo durante su internado y accederán a la seguridad social.
Aunque algunos sectores opositores cuestionan la autoría de estas medidas, la reforma laboral quedó fuertemente asociada a la figura del presidente, que la defendió incluso frente a resistencias dentro del Congreso.
Reforma tributaria por decreto y alerta institucional
El tercer pilar de la estrategia es el más controvertido: la declaración de una emergencia económica para aprobar por decreto una reforma tributaria que el Congreso había rechazado semanas atrás. El objetivo oficial es cubrir un déficit fiscal estimado en 16,3 billones de pesos para 2026.
Mayores impuestos a los patrimonios elevados, al sector financiero y energético
Entre las medidas que analiza el Ejecutivo se incluyen mayores impuestos a los patrimonios elevados, al sector financiero y energético, y al consumo de alcohol y tabaco. Sin embargo, juristas y exmagistrados han advertido que la emergencia podría no cumplir los requisitos constitucionales, lo que abre un escenario de choque institucional con la Corte Constitucional y el Legislativo.
Críticas económicas y temores inflacionarios
Las reacciones del sector empresarial fueron inmediatas. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtieron que el aumento salarial puede impulsar la inflación, elevar el desempleo y agravar la informalidad, que ya afecta a más de la mitad de la fuerza laboral.
La inflación ronda el 5 %, por encima de la meta del Banco de la República, y analistas prevén que el banco central mantenga —o incluso suba— las tasas de interés en 2026 para contener las presiones de precios. Estudios privados advierten que un salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad encarecerá el crédito y frenará la inversión.
Polarización política y cálculo electoral
El debate trascendió lo económico. Figuras opositoras como Claudia López y Alejandro Gaviria acusaron al Gobierno de adoptar decisiones “irresponsables” con fines electorales, que terminarían perjudicando a los trabajadores informales y profundizando las desigualdades.
Desde el sindicalismo, en cambio, el respaldo fue total. Para la Central Unitaria de Trabajadores, el aumento salarial es una herramienta para mejorar la calidad de vida y dinamizar la economía.
Un legado en disputa
Con elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo de 2026, Petro parece decidido a jugar su última carta. Su estrategia combina redistribución del ingreso, ampliación de derechos laborales y confrontación con los poderes económicos tradicionales. El resultado, sin embargo, sigue abierto: lo que para unos es un avance histórico en justicia social, para otros es una apuesta de alto riesgo que puede comprometer la estabilidad macroeconómica.
Colombia ante la apuesta final de Petro
En Colombia, el debate ya no es solo económico. Es, cada vez más, una disputa sobre el modelo de país que emergerá tras el experimento político más ambicioso de la izquierda en su historia reciente.


