El gobierno británico ha puesto en marcha medidas para deportar a personas que residen ilegalmente en el país, anunciando que algunos de estos individuos serán enviados a Ruanda. Esta acción ha sido respaldada por una ley controvertida, conocida como la Ley de “Seguridad de Ruanda” o Ley de “Asilo e Inmigración”, la cual entró en vigor el 25 de abril.
El miércoles, el gobierno confirmó la detención del primer grupo de migrantes que se espera sean deportados durante este verano bajo esta legislación. Testigos presenciales reportaron cómo agentes ingresaron a domicilios y sacaron a personas esposadas, trasladándolas posteriormente a ubicaciones no reveladas en camionetas seguras.
El gobierno ha destacado la celeridad de sus operativos, afirmando que los equipos del Ministerio del Interior han estado trabajando para asegurar y trasladar a los individuos a Ruanda de manera rápida y segura, con más acciones planificadas en las próximas semanas.
La aprobación de esta ley por el Parlamento británico la semana pasada ha generado un fuerte debate. Grupos de derechos humanos han cuestionado la humanidad y legalidad de este plan, especialmente después de que la Corte Suprema del Reino Unido bloqueara vuelos de deportación previos debido a preocupaciones sobre la seguridad de los migrantes enviados a Ruanda.
Sin embargo, el gobierno británico ha defendido su postura, argumentando que, tras la firma de un nuevo tratado con el gobierno de Kigali para fortalecer la protección de los migrantes, Ruanda ha sido designada como un país seguro para la recepción de deportados.
Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la política migratoria del Reino Unido, suscitando tanto apoyo como críticas tanto a nivel nacional como internacional.
