Por perspectiva internacional
Buenos Aires, 10 de febrero de 2026
De ley modelo a norma en disputa: el debate que amenaza la protección de los glaciares en Argentina
Durante años, Argentina fue citada como un caso de referencia en materia de protección ambiental. En 2010, tras una fuerte movilización de la comunidad científica y de la sociedad civil, el país sancionó la Ley de Glaciares, la primera legislación a nivel mundial en reconocer a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos estratégicos para la provisión de agua dulce. Quince años después, ese consenso histórico enfrenta una amenaza concreta: una reforma legislativa que podría debilitar uno de los pilares de la seguridad hídrica nacional.
El agua en juego: por qué la reforma de la Ley de Glaciares es un error estratégico
El país cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas y abastecen a más de un millón de kilómetros cuadrados. No se trata solo de paisajes icónicos como el Perito Moreno, sino de reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la biodiversidad y el desarrollo económico a largo plazo. En un contexto de crisis climática global, su preservación adquiere una dimensión que excede lo estrictamente ambiental.
Argentina, de pionera ambiental a caso testigo de regresión ecológica
La Ley de Glaciares estableció presupuestos mínimos de protección con un criterio claro: evitar actividades que puedan afectar estas reservas, independientemente de los límites políticos provinciales. Esa lógica responde a una realidad física evidente: el agua no reconoce fronteras administrativas. Sin embargo, el proyecto de reforma que el Senado argentino se dispone a debatir introduce un cambio de fondo al delegar en las provincias la definición de qué glaciares o zonas periglaciales tienen “función hídrica relevante”.
Qué está en juego cuando un país líder en protección ambiental decide retroceder
Este giro no es menor. Al fragmentar la protección bajo criterios provinciales, se abre la puerta a interpretaciones desiguales, decisiones de corto plazo y presiones económicas locales, particularmente vinculadas a actividades extractivas. Desde una perspectiva de política internacional, esto implica un debilitamiento del principio de presupuestos mínimos ambientales, consagrado tanto en la Constitución argentina como en acuerdos regionales como el Acuerdo de Escazú.
Cuando el desarrollo se confunde con desprotección ambiental
Además, la iniciativa plantea un problema jurídico más profundo: el de la regresión ambiental. El derecho internacional ambiental reconoce que los Estados no deben retroceder en niveles de protección ya alcanzados, especialmente cuando están en juego derechos humanos básicos, como el acceso al agua. La reforma propuesta no solo contradice ese principio, sino que también erosiona la seguridad jurídica que Argentina dice buscar para atraer inversiones sostenibles.
Una señal preocupante a la región y al mundo
El debate no es nuevo ni exclusivamente local. En América Latina, la tensión entre desarrollo económico y protección de bienes comunes atraviesa a casi todos los países. Pero Argentina parte de una posición distinta: ya tiene una ley pionera, avalada por la Corte Suprema en 2019 y legitimada socialmente. Modificarla de manera regresiva enviaría una señal preocupante a la región y al mundo, justo cuando la diplomacia ambiental gana peso en la agenda internacional.
La seguridad hídrica bajo presión: el proyecto que debilita la Ley de Glaciares
Proteger los glaciares no es frenar el desarrollo. Es, por el contrario, garantizar las condiciones materiales para que ese desarrollo sea posible en el futuro. En un escenario de escasez hídrica creciente, cuidar el agua es una decisión estratégica, no ideológica.
- Cuidar los glaciares o hipotecar el futuro
Hoy, la responsabilidad recae en el Congreso. Defender la Ley de Glaciares no implica inmovilismo, sino coherencia con una política de Estado que la sociedad argentina ya eligió. La norma no necesita ser reformada: necesita ser cumplida. Retroceder en su protección sería hipotecar no solo el futuro hídrico del país, sino también su credibilidad como actor comprometido con el desarrollo sostenible a nivel internacional.
