Pequeña minería Chile
Chile refuerza su compromiso con la pequeña minería a través del fortalecimiento del programa PAMMA, una iniciativa que ofrece apoyo técnico gratuito, financiamiento y regulación adaptada. Esta política pública busca mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de los pequeños productores, integrándolos al desarrollo económico nacional. Con una coordinación institucional efectiva y enfoque territorial, el país promueve un modelo inclusivo que reconoce el valor social y económico de este sector estratégico.
Asistencia técnica gratuita para pequeños mineros
Chile refuerza su compromiso con la pequeña minería Chile mediante la ampliación del plazo para postular al programa PAMMA Asistencia Técnica. Esta herramienta fundamental impulsa el desarrollo del sector al ofrecer asesoramiento técnico gratuito, respaldado por expertos y académicos de la Universidad de Atacama. Su objetivo es aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad y fomentar prácticas sostenibles. El sector, que frecuentemente queda al margen del mercado, enfrenta limitaciones para adaptarse a normativas complejas o tecnologías emergentes. Esta iniciativa forma parte de una política pública más amplia que reconoce a la pequeña minería como fuente de empleo y motor económico en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Chile crece 3,1% impulsado por minería, servicios y consumo interno
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https://perspectivainternacional.comPAMMA: herramienta estatal para el desarrollo minero inclusivo
El Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA) representa un ejemplo concreto de cómo el Estado puede intervenir de forma eficaz y planificada para impulsar el crecimiento económico. Lejos de ser un obstáculo, esta intervención apoya la formalización de pequeños mineros, facilita el acceso a nuevas tecnologías y contribuye a reducir los riesgos laborales. A través de líneas de acción como PAMMA Inicia, Asociativo, Desarrolla y Equipa, y Capacita, se brinda un acompañamiento integral que va desde la concepción de un proyecto hasta su consolidación como una operación formal, segura y rentable. Gracias a este apoyo, muchos productores que antes estaban excluidos del circuito económico formal ahora pueden integrarse con mayores garantías.
Coordinación institucional con enfoque territorial
La colaboración entre el Ministerio de Minería, la Subsecretaría de Minería, ENAMI y diversas universidades regionales ha permitido que los recursos se distribuyan con pertinencia tanto técnica como territorial. Durante el año 2025, se asignaron más de $1.100 millones mediante fondos concursables y se aprobaron US$1.687 millones para financiar 163 proyectos, consolidando así una política pública orientada no solo a incrementar la producción, sino también a fortalecer el entramado social y económico de las comunidades mineras. Esta estrategia apuesta por un modelo descentralizado, basado en la cooperación y en la valorización de los conocimientos locales, alejándose de enfoques centralistas tradicionales.
Regulación diferenciada y protección ante la volatilidad
Mientras algunos países de América Latina han optado por disminuir la presencia del Estado en la economía, Chile ha seguido un camino distinto en el ámbito de la pequeña minería. El enfoque adoptado prioriza la planificación, la inclusión y la sostenibilidad. Normativas específicas como el DS N° 76 y las leyes 19.300 y 20.551 demuestran que es posible adaptar el marco regulatorio a las particularidades de los pequeños productores sin comprometer los estándares ambientales ni de seguridad. Además, el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre (FEPC) actúa como una red de protección frente a la volatilidad del mercado. Así, el Estado garantiza condiciones más equitativas y estables para los sectores más vulnerables.
Desafíos futuros para el fortalecimiento del sector
Aunque se han logrado importantes avances, aún persisten desafíos relevantes. Entre ellos están la situación financiera de ENAMI, la necesidad de reforzar la infraestructura institucional y la urgencia de incorporar tecnologías que permitan procesar minerales de baja ley. El modelo estatal chileno, con su enfoque progresivo y sistémico, demuestra que una intervención pública bien diseñada y con metas claras puede convertirse en un motor de desarrollo. La pequeña minería, por su potencial para generar empleo, aprovechar recursos marginales y dinamizar economías locales, se posiciona como un ejemplo concreto de cómo el Estado, lejos de ser un obstáculo, puede jugar un rol clave en la construcción de un bienestar colectivo más justo y sostenible.
