En medio de un panorama político tenso, la Unión Europea ha alzado la voz en un intento por detener lo que considera un peligro inminente para la democracia en Georgia. La controvertida ley de ‘influencia extranjera’ que está en proceso de aprobación ha encendido las alarmas.
Esta legislación, que requiere que los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro se registren como entidades que “persiguen los intereses de una potencia extranjera” si reciben más del 20% de sus fondos del extranjero, ha generado una ola de críticas. ¿El motivo? La posibilidad de que se convierta en una herramienta para silenciar a las voces independientes y coartar la libertad de expresión.
La coalición gobernante, ‘El Sueño Georgiano’, ha desencadenado protestas masivas con su insistencia en llevar adelante esta ley. A pesar de la oposición creciente, el Parlamento georgiano avanzó con la votación, desoyendo las advertencias tanto de las autoridades europeas.
La Unión Europea ha dejado claro que esta ley es un obstáculo para el progreso de Georgia hacia la adhesión al bloque europeo. Josep Borrell y Olivér Várhelyi, representantes de la UE, han expresado su preocupación por el impacto negativo que tendría en la sociedad civil y en la libertad de expresión.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha sido contundente al afirmar que esta ley alejaría a Georgia de la Unión Europea en lugar de acercarla, poniendo en riesgo su estatus como país candidato.
La presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, ha prometido vetar la ley si llega a su mesa, pero su poder podría ser anulado por una mayoría parlamentaria. Esta situación plantea serias dudas sobre la dirección política del país y sus verdaderas intenciones respecto a su integración europea.
La comparación con la ‘ley rusa’ no es casualidad. Esta legislación recuerda a un proyecto de ley introducido por el Rusia hace una década . Georgia, que ha luchado durante años por contener la influencia prorrusa, se encuentra ahora en una encrucijada que pone en juego su futuro .
En última instancia, la pregunta que queda en el aire es quién realmente está detrás de esta ley y cuáles son sus verdaderos intereses. ¿Es una decisión tomada en el interés del pueblo georgiano o responde a influencias externas? .
